Impacto del feminicidio como figura delictiva: avances y desafíos en América Latina / Impact of feminicide as a criminal figure: progress and challenges in Latin America

Álvaro Azael Alvarado Pazmiño, https://orcid.org/0009-0007-2240-0645, aaap_1704@yahoo.com

Yudith López Soria, https://orcid.org/0000-0002-6845-088X, ylopezs@ube.edu.ec

Holger G. García Segarra, https://orcid.org/0009-0009-2499-762X, hggarcias@ube.edu.ec

¹Abogado de los juzgados y tribunales de la República, Maestrante del Programa de Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, Ecuador.

²Abogada, Máster en Derecho Penal, Doctora en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Cató-lica Argentina, docente en la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, Guayas, Ecuador.

³Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. Magister en Derecho Procesal, Coordinador de Posgrado en Programa de Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, Guayas, Ecuador.

Resumen

El feminicidio constituye una de las problemáticas graves en América Latina, donde persisten altas tasas de violencia de género. Este artículo analiza los retos en la implementación del feminicidio como figura jurídica, evaluando sus avances y obstáculos. Se plantea la interrogante de si su tipificación ha contribuido a reducir los índices de violencia en la región. Desde un enfoque cualitativo, se realizó una revisión sistemática de la literatura, considerando normativas, estudios académicos e informes institucionales. Se emplea como métodos el análisis documental, el análisis de contenido y la hermenéutica jurídica, lo que permite examinar la evolución de las leyes y sus diferencias en la aplicación en distintos países. Los hallazgos evidencian que, aunque la tipificación del feminicidio ha sido un avance normativo importante, su efectividad se ve limitada por la impunidad, la falta de capacitación en el sistema judicial y la persistencia de barreras estructurales y culturales. Este estudio resalta la necesidad de armonizar legislaciones y reforzar el compromiso estatal para erradicar la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Palabras clave: Feminicidio, figura delictiva, impacto, Desafíos, América latina

Abstract

Femicide is one of the most serious problems in Latin America, where high rates of gender-based violence persist. This article analyzes the challenges in implementing femicide as a legal concept, assessing its progress and obstacles. It raises the question of whether its criminalization has contributed to reducing rates of violence in the region. Using a qualitative approach, a systematic literature review was conducted, considering regulations, academic studies, and institutional reports. Methods such as documentary analysis, content analysis, and legal hermeneutics were employed. The findings show that, although the criminalization of femicide has been an important regulatory advance, its effectiveness is limited by impunity, a lack of training in the judicial system, and the persistence of structural and cultural barriers. To ensure its implementation, it is essential to strengthen prevention and punishment mechanisms through comprehensive strategies, greater resource allocation, and regional cooperation. This study highlights the need to harmonize legislation and strengthen state commitment to eradicating gender-based violence and ensuring access to justice for victims.

Keywords: Femicide, criminal figure, impact, Challenges, Latin America

Introducción

El feminicidio, como figura jurídica, representa uno de los problemas más críticos en América Latina debido a su alta prevalencia y sus profundas implicaciones sociales, jurídicas y políticas. Ante este panorama, surge la interrogante: ¿La tipificación del feminicidio como figura delictiva estará incidiendo en la disminución de los índices de violencia de género en la región latinoamericana? Este estudio busca responder a esta pregunta mediante un análisis de la implementación y los desafíos de esta figura legal en distintos países latinoamericanos. Se examinan los avances normativos, las barreras estructurales y las estrategias adoptadas para mejorar la efectividad de las leyes en la erradicación de esta problemática.

La metodología utilizada en este estudio responde a un enfoque cualitativo basado en una revisión sistemática de la literatura existente. La selección de fuentes se realiza mediante criterios de relevancia y actualidad, priorizando investigaciones académicas, informes institucionales y legislaciones vigentes. El análisis documental permite examinar la evolución de las normativas sobre feminicidio, mientras que la comparación de casos proporciona un panorama sobre las diferencias en su aplicación. Estos métodos resultan fundamentales para evaluar la eficacia de las políticas implementadas y determinar los obstáculos persistentes.

El feminicidio se reconoce como un crimen de carácter estructural, vinculado a la violencia de género que afecta a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad extrema. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), la región presenta una de las tasas de feminicidio más altas a nivel mundial, lo que enfatiza la urgencia de implementar medidas legales efectivas. La incorporación de esta figura en los códigos penales representa un avance, pero su aplicación enfrenta limitaciones debido a la falta de capacitación de las autoridades y a la impunidad persistente.

El análisis comparativo de la legislación sobre feminicidio en distintos países latinoamericanos evidencia una disparidad en su implementación. Aunque algunos países han desarrollado marcos normativos robustos, otros carecen de mecanismos adecuados para garantizar su efectividad. Según García (2019), “las brechas en la justicia y la resistencia institucional dificultan la aplicación de estas leyes. Asimismo, la falta de un enfoque integral que abarque la prevención, protección y sanciones adecuadas sigue siendo un reto significativo en la región”.

El contexto sociocultural también desempeña un papel fundamental en la eficacia de la legislación sobre feminicidio. Según León Burgos et al. (2023):

La persistencia de estereotipos de género y la normalización de la violencia contra las mujeres dificultan la implementación de estas leyes. La falta de sensibilización en las instituciones judiciales y la revictimización de las víctimas contribuyen a la impunidad. Por ello, resulta fundamental abordar estas barreras desde un enfoque multidimensional que involucre a la sociedad civil, los sistemas judiciales y los gobiernos. (p. 7)

Las estadísticas revelan que, a pesar de los avances en la creación de leyes contra el feminicidio, las tasas de impunidad continúan siendo alarmantes. La Oficina Regional de la ONU Mujeres (2022) reporta que más del 50% de los casos de feminicidio en América Latina quedan impunes. Este fenómeno subraya la necesidad de fortalecer los sistemas judiciales y garantizar la formación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en materia de violencia de género. Además, es necesario aumentar la asignación de recursos para asegurar la investigación y judicialización de estos delitos. (ONU, 2022)

Este estudio contribuye a la comprensión de los factores que influyen en la protección de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género. Se enfatiza la importancia de promover un debate crítico sobre la eficacia de las normativas actuales y las estrategias para mejorar su implementación. A través del análisis de la literatura y el estudio comparativo, se busca ofrecer propuestas para fortalecer los marcos legales y garantizar una respuesta judicial efectiva ante los casos de feminicidio.

En este contexto, el feminicidio sigue representando un desafío para la justicia en América Latina. Aunque se han logrado avances en su tipificación penal, la impunidad y las barreras estructurales continúan limitando su efectividad. Es fundamental no solo crear leyes, sino también garantizar su aplicación mediante estrategias de sensibilización, formación y asignación de recursos. Este estudio resalta la necesidad de reformar los sistemas judiciales y fortalecer los mecanismos de protección, con el fin de erradicar la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Métodos

La metodología empleada en este artículo de revisión se basa en un enfoque cualitativo, sustentado en un proceso sistemático y riguroso para garantizar la inclusión de fuentes relevantes y de calidad en el análisis del feminicidio como figura jurídica en América Latina. Se adopta una estrategia de búsqueda detallada en bases de datos académicas y repositorios electrónicos especializados en derecho, ciencias sociales y estudios de género. Entre las bases de datos consultadas se encuentran Google Scholar, JSTOR, Scopus y PubMed, así como las bibliotecas digitales de universidades latinoamericanas.

Una vez realizada la búsqueda inicial, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para filtrar la información. Se incluyeron únicamente artículos, libros, informes gubernamentales y documentos legales que abordaran el feminicidio desde una perspectiva jurídica y social en el contexto de América Latina, publicados entre 2010 y 2023. Se excluyeron fuentes que no cumplían con estos criterios, aquellas que no estaban disponibles en formato completo y las que no ofrecían información relevante para los objetivos del estudio. Se dio preferencia a fuentes revisadas por pares, documentos emitidos por organizaciones internacionales y nacionales relevantes, y aquellos que reflejaban avances recientes en las legislaciones y políticas públicas sobre feminicidio.

El análisis de la información recolectada se realizó mediante métodos científicos propios de la investigación cualitativa, como el análisis documental, el análisis de contenido y la hermenéutica jurídica. El análisis documental permitió examinar normativas, doctrinas y estudios previos sobre el feminicidio, mientras que el análisis de contenido posibilitó la identificación de patrones discursivos en textos jurídicos y académicos. La hermenéutica jurídica, por su parte, facilitó la interpretación de normas y principios legales relacionados con la tipificación del feminicidio en América Latina (Martínez et al., 2023).

La categorización de la información fue un paso clave en el proceso metodológico. Las fuentes se organizaron en función de su enfoque y contribución al estudio del feminicidio, diferenciando entre aquellas que analizaban la tipificación del delito, las que abordaban políticas públicas de prevención de la violencia de género y las que examinaban los obstáculos y desafíos para su implementación efectiva. A través de este análisis, se identificaron patrones comunes y se construyeron narrativas que permitieron abordar de manera integral los avances y limitaciones en la lucha contra el feminicidio en la región.

Para garantizar la validez y confiabilidad de los datos, se recurrió a la triangulación de la información, contrastando los hallazgos con fuentes adicionales y revisando la consistencia entre diferentes estudios y documentos. Asimismo, se evaluó la calidad y rigor metodológico de los estudios previos, asegurando que los resultados obtenidos estuvieran respaldados por fuentes confiables.

Finalmente, se empleó un esquema temático para organizar los hallazgos en torno a cuatro dimensiones clave: legislación, políticas públicas, barreras culturales y desafíos en la implementación del feminicidio como figura jurídica. Este enfoque permitió estructurar de manera coherente la discusión y análisis de los resultados, asegurando la consistencia con los objetivos del artículo.

Desarrollo

1.1. Panorama legal del feminicidio en América Latina

El feminicidio ha sido tipificado como un delito autónomo en la mayoría de ordenamientos jurídicos de América Latina, respondiendo a la urgencia de visibilizar y sancionar la violencia extrema contra las mujeres. México ha sido pionero al incluirlo en su legislación mediante la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, impulsada por el paradigma de Derechos Humanos (Lagarde y de los Ríos, 2024). Esta iniciativa marca un precedente para países como Guatemala, Argentina y Perú, donde la normatividad busca abordar factores estructurales de desigualdad. Sin embargo, persisten retos en su aplicación debido a barreras culturales e institucionales.

En Perú y Ecuador, el feminicidio está tipificado con énfasis en relaciones íntimas entre víctima y victimario. En Perú, la legislación penal se ha modificado para incluir agresores más allá de parejas o exparejas, abarcando pretendientes rechazados y extraños que cometen violencia sexual o homicidio (Gutiérrez, 2022). En Ecuador, el feminicidio aparece desde 2014 en el Código Integral Penal, aunque persisten altos niveles de impunidad (León Burgos et al., 2023). Estas medidas buscan cerrar lagunas legales, pero su efectividad sigue limitada por sistemas judiciales precarios.

Según, Laporta-Hernández (2021), Argentina ha avanzado con la tipificación del feminicidio en el marco del agravante por “violencia de género”. Esta figura permite imponer penas máximas a los perpetradores, reconociendo la dimensión estructural del crimen. Sin embargo, el autor enfatiza que su aplicación enfrenta limitaciones debido a interpretaciones restrictivas por parte de operadores judiciales. Esto refleja una brecha entre la normatividad y la práctica, dificultando la persecución efectiva del delito y el acceso a justicia.

En Brasil, el feminicidio fue incluido como agravante de homicidio en 2015, destacando su conexión con la desigualdad de género y la violencia sistemática (Rolim y Sapori, 2024).

Aunque se han logrado avances significativos en la documentación de casos y sensibilización pública, el contexto cultural y la corrupción judicial continúan obstaculizando su implementación. Estos factores subrayan la necesidad de estrategias integrales que incluyan capacitación a operadores judiciales. Chile también ha tipificado el feminicidio, equiparándolo al parricidio, lo que refleja un enfoque que prioriza las relaciones intrafamiliares (Zamora Abanto y Ñontol Castrejón, 2021). Este enfoque ha sido criticado por restringir la conceptualización del delito y excluir otros tipos de violencia feminicida. Esto muestra la importancia de ampliar las definiciones legales para abarcar diversos contextos de violencia de género.

Colombia enfrenta un panorama complejo. Aunque cuenta con la Ley 1257 de 2008 y el feminicidio está tipificado, las altas tasas de impunidad reflejan fallas en el sistema judicial y la insuficiente protección estatal (Blanco & Sánchez, 2022). Asimismo, en el estudio se menciona que las raíces culturales patriarcales siguen siendo un obstáculo para garantizar la vida libre de violencia para las mujeres. Guatemala es uno de los países con mayor índice de feminicidios en la región. La Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer (2008) busca abordar el problema desde una perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, la ausencia de recursos adecuados para implementar las leyes limita su impacto. Esto refleja la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de su aplicación.

A continuación, la tabla 1, resume el panorama legal del feminicidio en América Latina.

Tabla No. 1

Panorama legal del feminicidio en América Latina

País	Ley o Normativa	Avances	Retos y Limitaciones
México	Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Pionero en la tipificación, aborda factores estructurales de desigualdad	Barreras culturales e institucionales en su aplicación (Lagarde & de los Ríos, 2024).
Guatemala	Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer (2008)	Perspectiva de derechos humanos	Falta de recursos adecuados para implementación (Ochoipoma Guerrero et al., 2023).
Argentina	Tipificación del feminicidio como agravante por "violencia de género"	Reconocimiento de la dimensión estructural del crimen	Interpretaciones restrictivas judiciales limitan su aplicación (Laporta-Hernández, 2021).
Perú	Reformas al Código Penal	Ampliación de la tipificación, incluyendo agresores fuera de relaciones íntimas	Altos niveles de impunidad y barreras judiciales (Bonifacio Gutiérrez, 2022).
Ecuador	Código Integral Penal (2014)	Inclusión del feminicidio en el Código Penal	Persistente impunidad (León Burgos et al., 2023).
Brasil	Inclusión como agravante de homicidio (2015)	Avances en documentación y sensibilización pública	Obstáculos culturales y corrupción judicial (Rolim & Sapori, 2024).
Chile	Tipificación equivalente al parricidio	Enfoque intrafamiliar para priorizar relaciones familiares	Restricción de la definición excluye otros contextos de violencia feminicida (Zamora Abanto & Ñontol Castrejón, 2021).
Colombia	Ley 1257 (2008)	Tipificación vigente	Altas tasas de impunidad y fallas en la protección estatal (Blanco Manzur & Sánchez Moreno, 2022).
Bolivia	Tipificación autónoma desde 2013	Penas disuasivas	Alta violencia contra la mujer, necesidad de programas educativos (Robles Pineda, 2021).
Uruguay	Enfoque integral con protocolos especializados	Capacitación a operadores judiciales y fuerzas de seguridad	Efectividad dependiente de la formación continua (Laporta-Hernández, 2021).
Paraguay	Ley 5777/16 (2016)	Medidas preventivas	Limitaciones por falta de recursos y capacitación en perspectiva de género (Bonifacio Gutiérrez, 2022).
Honduras	Tipificación como delito autónomo (2013)		Debilidad institucional y violencia generalizada dificultan la implementación (Rolim & Sapori, 2024).

Elaborada por Alvarado, López y García, (2025)

En este contexto, en Bolivia, el feminicidio es considerado un delito autónomo desde 2013, con penas que buscan disuadir su ocurrencia. A pesar de ello, los altos índices de violencia contra la mujer evidencian que la legislación por sí sola no es suficiente (Robles Pineda, 2021). Es crucial implementar programas de educación y sensibilización para complementar los esfuerzos legales. Uruguay ha adoptado un enfoque integral al incluir el feminicidio en su legislación y desarrollar protocolos especializados para la atención de víctimas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de una capacitación constante a operadores judiciales y fuerzas de seguridad (Laporta-Hernández, 2021). Esto subraya la necesidad de compromisos sostenidos por parte del Estado.

Paraguay, es uno de los países con avances más recientes en la tipificación del feminicidio. La Ley 5777/16 incorpora medidas preventivas, aunque su aplicación efectiva se ve limitada por la falta de recursos y capacitación en perspectiva de género (Bonifacio Gutiérrez, 2022). Este contexto refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas. En Honduras, el feminicidio está contemplado como delito autónomo desde 2013. Sin embargo, el país enfrenta retos significativos debido a la debilidad institucional y la violencia generalizada (Rolim y Sapori, 2024).

Estos factores dificultan la investigación y judicialización de los casos, perpetuando la impunidad. En El Salvador, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2012) incluye el feminicidio como delito, pero las tasas de impunidad continúan siendo alarmantes (Ochoipoma Guerrero et al., 2023). Esto evidencia la desconexión entre el marco normativo y su implementación efectiva.

Panamá introdujo el feminicidio en su legislación en 2013, enfatizando la relación de poder entre víctima y agresor. Aunque se han registrado avances en la sensibilización pública, la aplicación de la ley enfrenta retos relacionados con la capacitación de operadores judiciales (Blanco Manzur y Sánchez Moreno, 2022). Esto resalta la importancia de fortalecer los procesos de formación.

Por otra parte, el feminicidio ha sido reconocido legalmente en la mayoría de países de América Latina, sin embargo, la efectividad de las leyes varía considerablemente entre los países. A pesar de los avances legislativos, existen retos comunes que dificultan la aplicación de justicia, como la falta de recursos adecuados, la insuficiente capacitación del personal encargado y la ausencia de una voluntad política firme para garantizar el cumplimiento de las normativas. Para lograr una mayor protección de las mujeres, es fundamental abordar estas limitaciones, fortalecer las instituciones judiciales y policiales, e impulsar la sensibilización social sobre la gravedad del feminicidio.

1.2. Eficacia en la aplicación de la figura jurídica

El reconocimiento del feminicidio como una figura delictiva independiente busca no solo sancionar el crimen, sino también, actuar como un mecanismo preventivo. En Ecuador, según Daza Flores (2017):

La tipificación del feminicidio en el Código Orgánico Integral Penal marcó un avance significativo en la legislación penal, pero persisten desafíos en su aplicación eficaz. La administración de justicia enfrenta dificultades para garantizar un debido proceso y una restitución adecuada a las víctimas. Además, factores como la falta de capacitación de los operadores de justicia y las limitaciones en la implementación de políticas públicas eficaces contribuyen al aumento de estos crímenes. Por ello, la eficacia del sistema punitivo debe ser evaluada no solo en términos de castigo, sino también en su capacidad para prevenir futuros feminicidios. (p. 64)

En el caso peruano, Torres Campos (2018) analiza cómo la criminalización del feminicidio como parte de la política criminal busca proteger a las mujeres de actos de violencia extrema. Sin embargo, los resultados de su estudio reflejan que la simple tipificación del feminicidio y el endurecimiento de las penas, como la privación de libertad por más de treinta años, no son suficientes para reducir estas agresiones. La autora enfatiza que es imprescindible complementar la legislación con políticas educativas y preventivas que cuestionen las bases culturales y sociales de la violencia de género. Esto revela que la eficacia jurídica debe estar acompañada de un enfoque integral que considere las dinámicas estructurales detrás de la violencia.

En un contexto más reciente, Ventura Sayaverde (2022) identifica que el tipo penal del feminicidio en Perú ejerce una función principalmente represiva en lugar de preventiva. A pesar de la existencia de medidas legales, estas no han logrado frenar el aumento de los feminicidios ni garantizar la protección efectiva de las víctimas. Según el estudio, la falta de coordinación entre las instituciones y la limitada capacidad de respuesta de los organismos de justicia refuerzan este problema. Por lo tanto, la eficacia jurídica requiere no solo del establecimiento de sanciones, sino también de la implementación de políticas públicas dirigidas a la prevención y la educación desde temprana edad.

Por otro lado, Carretero López et al. (2022) destacan que las medidas de protección implementadas durante la pandemia de COVID-19 tuvieron un impacto limitado en la prevención del feminicidio. El aislamiento social forzado incrementó la convivencia entre agresores y víctimas, generando un aumento de casos de violencia intrafamiliar que muchas veces derivaron en feminicidios. El estudio sugiere que las medidas jurídicas y preventivas deben adaptarse a las realidades emergentes, como las crisis sanitarias, para ser verdaderamente efectivas. La falta de un enfoque integral y contextual en las políticas públicas limita la eficacia de las medidas implementadas.

En un enfoque sancionador, Farro Uceda (2022) argumenta que la aplicación de la cadena perpetua como pena para el feminicidio generado por violencia familiar podría garantizar un proceso penal eficaz en Perú. Sin embargo, esta medida enfrenta críticas por centrarse exclusivamente en el castigo y no en la prevención del delito. El autor concluye que, aunque el endurecimiento de las penas puede tener un efecto disuasorio, no aborda las raíces sociales y culturales del feminicidio, por lo que se necesitan estrategias integrales para lograr resultados sostenibles. La prevención, según el autor, debe complementarse con asistencia psicológica gratuita y programas educativos dirigidos tanto a potenciales víctimas como a agresores.

Torres Campos (2018) reflexiona sobre el tratamiento del feminicidio en el derecho internacional de los derechos humanos. Aunque se ha reconocido como una forma extrema de violencia de género, su inclusión en tratados vinculantes sigue siendo limitada. El caso "Campo Algodonero" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos subraya la importancia de abordar el feminicidio más allá de su valor simbólico, proponiendo su incorporación explícita en acuerdos jurídicos internacionales. Esto implicaría un compromiso más fuerte de los Estados para garantizar la protección de las mujeres y abordar la violencia de género desde una perspectiva global, asegurando así una aplicación más efectiva de la figura jurídica del feminicidio.

Sin embargo, López, 2017 opina que, el femicidio debe ser un tipo penal ubicado en la familia de delitos de odio, pues además de la vida, como expresión máxima de violencia afecta como bien jurídico el derecho a la igualdad, pues, el femicida, se cree superior a las mujeres, y minimiza y desprecia a esta solo pro el hecho de ser mujer, lo que, además, da al traste con que, si no se demuestra este odio de género, no estemos ante un femicidio y sí ante un común asesinato.

A continuación, en la tabla 2, se estructuran los hallazgos relevantes de la eficacia de la jurídica del feminicidio.

Tabla No. 2

Eficacia de la figura jurídica del feminicidio

Autor(es) y Año	Título de la investigación	Hallazgos clave
Daza Flores (2017)	La eficacia del sistema punitivo en relación con el delito de femicidio en Imbabura, desde la entrada en vigencia del COIP.	El sistema punitivo ecuatoriano enfrenta desafíos en la aplicación eficaz de la figura del feminicidio, destacándose la importancia del apego al debido proceso y el enfoque en la restitución y atención a las víctimas.
Torres Campos (2018)	La incorporación del delito de feminicidio como parte de la política criminal en Lambayeque.	Criminalizar el feminicidio ha sido una medida necesaria, pero insuficiente para reducir la violencia de género. Es esencial complementar con políticas preventivas y educativas que cambien las dinámicas sociales que perpetúan esta violencia.
Ventura Sayaverde (2022)	El tipo penal del feminicidio y la eficacia de la prevención del delito intrafamiliar en Lima.	El tipo penal de feminicidio tiene una función más represiva que preventiva. Se requiere fortalecer políticas públicas integrales que prioricen la prevención y atención oportuna, así como mejorar la educación ciudadana para abordar este problema.
Carretero López et al. (2022)	Eficacia de las medidas de protección de mujeres en tiempos del COVID-19 y la prevención del feminicidio.	Las medidas de protección en contextos de aislamiento social han sido limitadas, dejando a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad frente a la violencia intrafamiliar, lo que incrementa el riesgo de feminicidio.
Farro Uceda (2022)	Aplicación de cadena perpetua como agravante en feminicidios generados por violencia familiar en Lima Este.	La cadena perpetua puede ser una medida eficaz para fortalecer el sistema penal frente a los feminicidios. Sin embargo, su impacto requiere un marco legal robusto que también aborde la prevención y garantice el acceso a la justicia para las víctimas.
Casas Quispilay (2021)	Eficacia de las medidas de protección y garantías a la integridad física para reducir el feminicidio en Lima Norte.	Las medidas de protección no han sido suficientes para garantizar la seguridad de las mujeres, ya que la violencia persiste incluso en casos con medidas dictadas. Se subraya la necesidad de mejorar su implementación y efectividad.

Elaborada por Alvarado, López y García, (2025)

1.3. Impacto social y cultural del feminicidio como figura jurídica

La tipificación del feminicidio como figura jurídica ha generado un impacto significativo en la conciencia social y cultural de América Latina, contribuyendo a visibilizar la violencia de género como un problema estructural. Según Goyas Céspedes et al. (2018), la inclusión de este delito en los códigos penales ha permitido que la sociedad reconozca la violencia de género como una realidad que afecta a la mayoría de las mujeres, como lo evidencia el caso de Ecuador, donde seis de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de violencia. Este reconocimiento ha sido clave para fomentar debates públicos y académicos que buscan erradicar la normalización de la violencia contra las mujeres y promover políticas públicas más efectivas.

El impacto cultural del feminicidio como delito autónomo ha fortalecido movimientos feministas que exigen justicia y reformas legales. En Colombia, la Ley 1761 de 2015 estableció el feminicidio como un delito autónomo, lo que representó un hito en la lucha por los derechos de las mujeres. Hinestroza Rojas et al. (2022) destacan que, aunque esta normativa no ha erradicado el problema, ha empoderado a las víctimas y sus familias, promoviendo una percepción pública que condena el machismo y la violencia estructural. Sin embargo, su implementación ha enfrentado desafíos, como la falta de recursos para su efectiva aplicación y la persistencia de estereotipos de género en el sistema judicial.

En el caso de Ecuador, la tipificación del feminicidio en el Código Orgánico Integral Penal ha sido un paso crucial, aunque insuficiente. Según Soria-Viteri y Redrobán-Barreto (2023), la existencia de esta figura jurídica refleja el reconocimiento estatal de la violencia de género como un problema prioritario. Sin embargo, el aumento de los casos demuestra que las leyes, por sí solas, no son suficientes para cambiar conductas profundamente arraigadas. Esto subraya la necesidad de implementar estrategias integrales que incluyan educación en igualdad de género, fortalecimiento institucional y apoyo a las víctimas.

Tabla No. 3.

Impacto social y cultural del feminicidio como figura jurídica

Aspecto Analizado	Descripción	Referencias
Conciencia social	La tipificación del feminicidio ha visibilizado la violencia de género como un problema estructural, fomentando debates públicos y académicos sobre su erradicación.	Goyas Céspedes et al. (2018)
Movimientos feministas	Ha fortalecido la lucha de los movimientos feministas, que exigen reformas legales y justicia para las víctimas, aunque enfrenta desafíos de implementación.	Hinestroza Rojas et al. (2022)
Impacto en Ecuador	A pesar de la tipificación en el Código Orgánico Integral Penal, el aumento de casos demuestra que las leyes necesitan complementarse con estrategias integrales.	Soria-Viteri y Redrobán-Barreto (2023)
Efectos sociales y psicológicos	Incremento de la percepción de inseguridad y temor entre las mujeres, pero también mayor participación ciudadana en la denuncia y prevención.	Abad Córdova (2019)
Desafíos judiciales	Persisten brechas en la aplicación de las leyes, evidenciando la necesidad de capacitar operadores judiciales y destinar mayores recursos.	Abarca Carrasco et al. (2021)

Elaborada por Alvarado, López y García, (2025)

Además de su impacto legal, el feminicidio como delito ha generado un efecto psicológico y social en las comunidades. Al respecto, Abad Córdova (2019) sostiene:

Este fenómeno incrementa la percepción de inseguridad y el temor entre las mujeres, afectando su bienestar emocional. No obstante, también ha impulsado una mayor participación de la sociedad civil en la denuncia y prevención de estos delitos. Este compromiso social es crucial para romper el ciclo de la violencia de género y garantizar que las leyes no solo sancionen, sino que también prevengan futuros casos. (p.14)

Por su parte, el feminicidio como figura jurídica ha expuesto las limitaciones de los sistemas judiciales en América Latina para abordar de manera efectiva la violencia de género. Abarca Carrasco et al. (2021) afirman:

Aunque las leyes han logrado avances en términos de sanción, aún existen brechas significativas en su aplicación. Esto refleja la necesidad de capacitar a los operadores de justicia y destinar mayores recursos para garantizar que la tipificación del feminicidio no sea solo un acto simbólico, sino una herramienta efectiva para transformar las dinámicas sociales y culturales que perpetúan la violencia de género. (p. 11)

1.4. Barreras en la judicialización del feminicidio. Discusión de Resultados

Las barreras legales e institucionales para la judicialización del feminicidio en América Latina son complejas y multifacéticas, y uno de los obstáculos principales es la falta de capacitación adecuada en género para los operadores de justicia. Como indica Marín Llumipanta et al. (2024), las fiscales y jueces carecen de formación específica para abordar los feminicidios desde una perspectiva de género, lo que les impide reconocer la magnitud y las características propias de este delito. Asimismo, el autor indica que esta deficiencia en la formación contribuye a que los casos sean mal interpretados, e incluso desestimados, ya que los operadores a menudo no identifican las señales de violencia estructural y sistémica contra las mujeres.

Además, la falta de especialización en el manejo de casos de feminicidio está estrechamente vinculada con prejuicios y estereotipos arraigados en la sociedad, lo que influye negativamente en la judicialización de estos delitos. Los prejuicios de género, como la creencia de que las mujeres de alguna forma provocan su muerte, son un reflejo de una cultura patriarcal que sigue permeando las estructuras judiciales. Este fenómeno es alarmante en contextos como el de Ecuador y Colombia, donde, a pesar de los esfuerzos legislativos, las leyes siguen siendo mal aplicadas o interpretadas debido a estos prejuicios subyacentes en la sociedad y el sistema judicial (Rosero & Punina Azogue, 2016). Los jueces y fiscales, muchas veces, mantienen una visión sesgada que minimiza la gravedad del feminicidio, considerando que son simples crímenes de pasión o cuestiones privadas entre parejas, lo que retrasa la justicia para las víctimas.

Otro aspecto crítico es la revictimización que enfrentan las mujeres al intentar acceder a la justicia. Tejeda Puentes (2014) señala que:

En muchos casos, las mujeres que denuncian feminicidio son sometidas a un proceso de revictimización, en el cual se le cuestiona su comportamiento previo al crimen, se les responsabiliza indirectamente y se les hace sentir que la violencia que sufrieron es en parte culpa de ellas. Este proceso ocurre en el contexto de una cultura judicial que no solo es deficiente en la protección de las víctimas, sino que también las hace sentir como si fueran las culpables de su sufrimiento. La revictimización se ve también reflejada en la forma en que se gestionan los testimonios y la evidencia, donde las mujeres a menudo deben demostrar que no provocaron la violencia, lo cual es una barrera insalvable para obtener justicia. (p. 34)

Una barrera adicional en la judicialización del feminicidio se encuentra en las deficiencias dentro del marco legal y normativo en algunos países. Aunque en muchos países latinoamericanos se han implementado leyes que tipifican el feminicidio, como en Ecuador y Colombia, las lagunas legales persisten. Según Rosero y Punina Azogue (2016):

Aunque el femicidio está tipificado como un delito grave en el Código Penal de Ecuador, la falta de mecanismos jurídicos claros y de una sólida base normativa dificulta la aplicación efectiva de la ley. La situación se agrava cuando los jueces y fiscales no tienen un entendimiento completo del delito, ya que la tipificación es reciente y no cuenta con suficiente doctrina ni jurisprudencia, lo que lleva a una interpretación limitada de las normativas existentes. (p. 56)

Tabla No. 4.

Barreras en la Judicialización del Feminicidio en América Latina

Barreras	Descripción	Fuente
Falta de capacitación en género	Los operadores de justicia carecen de una adecuada formación sobre las dimensiones de género y la violencia feminicida. Esta falta de conocimiento dificulta una correcta interpretación de los hechos y afecta la imparcialidad en el proceso judicial.	Tejeda Puentes (2014)
Prejuicios y estereotipos patriarcales	Los operadores de justicia, influenciados por una cultura patriarcal, suelen minimizar la gravedad de los casos de feminicidio, lo que lleva a un tratamiento injusto y sesgado de las víctimas.	García Gualda (2020); Tejeda Puentes (2014)
Revictimización de las mujeres	Las víctimas de feminicidio, y sus familias, a menudo enfrentan un proceso judicial que las revictimiza, al ser sometidas a preguntas invasivas y despectivas que deslegitiman su sufrimiento y el delito cometido.	Marín Llumipanta et al. (2024); Tejeda Puentes (2014)
Influencias políticas y sociales	En muchos casos, las decisiones sobre la judicialización de los feminicidios se ven influenciadas por relaciones políticas y sociales que dificultan una respuesta judicial efectiva.	Rosero & Punina Azogue (2016)
Vacíos legales y falta de claridad normativa	En algunos países, como Ecuador, las leyes relacionadas con el feminicidio son vagas o insuficientemente desarrolladas, lo que provoca que los jueces y fiscales no tengan un marco claro para actuar.	Rosero & Punina Azogue (2016)
Tratamiento mediático superficial	El enfoque de los medios de comunicación en casos de feminicidio a menudo es superficial, enfocándose más en aspectos sensacionalistas que en las causas estructurales, lo que refuerza la impunidad.	Marín Llumipanta et al. (2024)

Elaborada por Alvarado, López y García, (2025)

Los medios de comunicación también juegan un papel crucial en la judicialización del feminicidio, aunque en ocasiones, este rol es contraproducente. Marín Llumipanta et al. (2024) señalan que “los medios, al abordar casos de feminicidio, a menudo recurren a enfoques simplistas y sensacionalistas que no aportan a la comprensión profunda del fenómeno”. (p. 332) Esto no solo minimiza la gravedad del feminicidio, sino que contribuye a la desinformación y la naturalización de la violencia de género. Al centrarse en detalles anecdóticos y no en las causas estructurales del feminicidio, los medios contribuyen a la deslegitimación de las demandas de justicia para las víctimas, lo que a su vez genera un ambiente donde los casos de feminicidio reciben menos atención de las autoridades.

En consecuencia, las estructuras patriarcales y racistas que predominan en muchas sociedades latinoamericanas también constituyen una barrera significativa para la judicialización del feminicidio. García Gualda (2020) subraya que, en Argentina, la violencia de género contra las mujeres indígenas es particularmente invisible, ya que se ve atravesada por las desigualdades raciales y étnicas. Esta doble discriminación dificulta que las mujeres indígenas puedan acceder a una justicia efectiva y que los casos de feminicidio en sus comunidades sean debidamente investigados. La combinación de violencia patriarcal y racismo institucional lleva a que estas víctimas no sean reconocidas en su dignidad y sus derechos humanos, lo que refuerza la impunidad y la invisibilidad de los feminicidios en estas comunidades.

Conclusiones

La implementación de la figura jurídica del feminicidio en América Latina ha representado un avance significativo en la lucha contra la violencia de género, pero su impacto en la reducción de estos crímenes sigue siendo limitado. A pesar de la existencia de marcos legales específicos, persisten desafíos en su aplicación efectiva. La tipificación del feminicidio ha permitido visibilizar la gravedad de estos delitos y generar estadísticas más precisas, sin embargo, aún se requieren esfuerzos para garantizar que la legislación no solo sancione, sino que también prevenga la violencia de género, protegiendo de manera integral los derechos de las mujeres.

El análisis de la evolución y estado actual de las legislaciones sobre feminicidio en América Latina revela diferencias sustanciales en su conceptualización y aplicación. Mientras que algunos países han desarrollado normativas robustas con perspectiva de género, otros aún carecen de mecanismos eficaces para su implementación. Estas diferencias responden a factores como la voluntad política, la presión de movimientos feministas y la fortaleza de los sistemas judiciales. La falta de armonización legislativa en la región impide una respuesta uniforme y efectiva, lo que refleja la necesidad de un enfoque coordinado para fortalecer la protección de las mujeres.

Las barreras estructurales, culturales y judiciales constituyen los principales obstáculos para la implementación efectiva de las leyes contra el feminicidio. La impunidad sigue siendo un problema recurrente debido a la corrupción, la falta de formación con perspectiva de género en los operadores de justicia y la revictimización de las mujeres. Además, los estereotipos machistas profundamente arraigados dificultan la aplicación de las normativas y perpetúan la tolerancia social hacia la violencia. La resistencia de algunos sectores a reconocer el feminicidio como un problema estructural obstaculiza los avances en la erradicación de la violencia de género.

Para mejorar la efectividad de las políticas públicas y fortalecer los mecanismos judiciales en la lucha contra el feminicidio, es fundamental implementar estrategias integrales. La capacitación obligatoria en perspectiva de género para operadores judiciales, la creación de unidades especializadas y el fortalecimiento de las redes de apoyo para las víctimas son medidas clave. Asimismo, se requiere un mayor compromiso estatal en la asignación de recursos y en la promoción de campañas de sensibilización. La cooperación regional también resulta crucial para intercambiar buenas prácticas y desarrollar estrategias conjuntas que garanticen una protección más efectiva de los derechos de las mujeres.

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 Los autores declaran que no existen conflictos de intereses

Como citar este artículo:

Fecha de envío: 22 de febrero de 2025

Aprobado para publicar: 26 de marzo de 2025