Desafíos en el Sistema Judicial Ecuatoriano de la Admisión de la Acción de Protección y su Naturaleza / Challenges in the Ecuadorian Judicial System regarding the Admission of Protection Actions and their Nature

1Marco E.Guerrero Yambay, https://orcid.org/0009-0000-1204-640X, meguerreroy@ube.edu.ec

2Holger G. García Segarra, https://orcid.org/0009-0009-2499-762X, hggarcias@ube.edu.ec

1Universidad Técnica Particular de Loja

2Universidad Bolivariana del Ecuador

Resumen

Este artículo analiza los desafíos estructurales y jurídicos del sistema judicial ecuatoriano en la aplicación de la acción de protección, identificando que el 42% de los casos admitidos, se demuestran vacíos legales que permiten su uso improcedente en litigios patrimoniales y administrativos. La hermenéutica jurisprudencial de 22 sentencias (2013–2024) revela contradicciones en estándares como la motivación suficiente (30% de casos) y flexibilización indebida en tribunales inferiores. Se propone un protocolo de admisibilidad estandarizado, capacitación en hermenéutica constitucional y reformas normativas, proyectando una reducción del 60% en usos distorsionados. Los hallazgos subrayan la necesidad de equilibrar seguridad jurídica y tutela efectiva conforme a estándares interamericanos

Palabras clave: Acción de protección, admisibilidad, procedencia, distorsión procesal, garantías jurisdiccionales.

Abstract

This article analyzes the structural and legal challenges of the Ecuadorian judicial system in the application of the tutela action, identifying that 42% of admitted cases reveal legal gaps that allow its improper use in property and administrative litigation. The jurisprudential hermeneutics of 22 rulings (2013–2024) reveal contradictions in standards such as sufficient reasoning (30% of cases) and undue flexibilization in lower courts. A standardized admissibility protocol, training in constitutional hermeneutics, and regulatory reforms are proposed, projecting a 60% reduction in distorted uses. The findings underscore the need to balance legal certainty and effective protection in accordance with inter-American standards.

Keywords: Protection action, admissibility, merits of claims, procedural distortion, jurisdictional guarantees.

 

Introducción:

En el ámbito del derecho constitucional ecuatoriano, la acción de protección es, quizás, el recurso jurisdiccional más importante de todos los recursos constitucionales establecidos en la Constitución (2008) y consagrado en su artículo 88, el objeto de la acción de protección es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, y desarrollado a partir del artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Ecuador, Asamblea Nacional, 2009).  

El ejercicio de la acción de protección no está exento de un proceso de evaluación y análisis que recae sobre lo que se conoce como dimensiones procesales. Estas dimensiones, constituyen los criterios y condiciones que determinan la viabilidad y el curso de la acción de protección. Las dimensiones procesales en la acción de protección abarcan diversos aspectos que van desde la legitimación de las partes hasta la efectividad de las medidas cautelares. Dentro de estas dimensiones, resalta la etapa inicial centrada en determinar la viabilidad, inviabilidad o pertinencia de la acción de protección. Este momento marca el umbral inicial para la consecución de la tutela judicial efectiva, dado que el juez constitucional debe examinar si la petición satisface criterios de forma y de fondo fundamentales para ser reconocida como una vulneración de los derechos constitucionales.

En este contexto, la dimensión relativa al proceso de admisibilidad del tema a tratar se manifiesta como un factor de gran importancia en la evolución del amparo en el contexto jurídico ecuatoriano. Se desarrollará la determinación acerca de la viabilidad o inviabilidad de admitir o inadmitir la acción de protección que determinará la influencia de la dirección del procedimiento.

Asimismo, dentro de este contexto, se habla del rol del juez constitucional, el cual cobra especial relevancia en la admisión o inadmisión de dicha garantía jurisdiccional. En su calidad de custodio de la Carta Magna, el juez constitucional asume la responsabilidad de aplicar los preceptos fundamentales de la Constitución al evaluar la procedencia de una acción de protección. Asimismo, se realiza un escrutinio sobre la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional con relación a esta dimensión procesal, por cuanto estas decisiones previas permiten establecer criterios claros y consistentes para la evaluación de nuevos casos.

 

 

Metodología

En este artículo, el autor emplea una metodología cualitativa con tres enfoques metodológicos articulados:

Un análisis dogmático-doctrinario

En el cual se examinó teorías de García (2003), Rigo (2008) sobre garantías jurisdiccionales, construyendo categorías clave como la admisibilidad vs. procedencia y desnaturalización del recurso; así como, la dogmática de Rigo (2022) permitió delimitar la admisibilidad como filtro formal, diferenciándola de la procedencia (análisis sustantivo de derechos).

Enfoque analítico normativo

Se analizo sistemáticamente:

·        La Constitución del 2008 (Artículo 88) y la LOGJCC (Artículo 39) : Naturaleza de la acción de protección.

·        LOGJCC (Artículo 40-42): Requisitos de admisibilidad y causales de improcedencia.

·        Estándares interamericanos (Artículo 25 CADH): Tutela judicial efectiva.

·        Hallazgo integrado: El contraste entre el artículo 40 (inexistencia de otro recurso) y el artículo 42.4 LOGJCC (vía contencioso administrativo) revela vacíos que incentivan la desnaturalización (Sentencia 948-17-EP/23)

Hermenéutica jurisprudencial

Se selecciono 22 sentencias de la Corte Constitucional (2013-2024) elegidos por:

·   Impacto: Sentencias que fijaron estándares como la sentencia 282-13-JP/19 sobre legitimación activa.

·   Contradicción: Fallos que revelan tensiones como las sentencias 2152-U-EP/19 vs. 948-17-EP/23.

·    Interpretación finalista: Para evaluar coherencia con el telos constitucional.

·   Casuística estructura: Análisis de patrones como 30% de casos con desnaturalización., como la sentencia 001-16-PJO-CC se interpretó desde el principio pro-persona (artículo 11), confirmando que la acción de protección solo protege derechos que afecten dignidad humana.

 

 

Resultados

Admisión, inadmisión y procedencia de la acción de protección

Las dimensiones procesales de la acción de protección en el contexto judicial se refieren a diversos aspectos que aseguran un proceso legal justo y equitativo, protegiendo los derechos fundamentales de las partes involucradas. Estas dimensiones incluyen el derecho a la defensa, la imparcialidad del tribunal, la publicidad del proceso, el derecho a la prueba, la posibilidad de impugnación, la notificación y acceso a la información, y la proporcionalidad de las sanciones. Además, es crucial considerar la celeridad procesal, que garantiza que los procedimientos legales se lleven a cabo en un plazo razonable, evitando dilaciones indebidas. Todas estas dimensiones son fundamentales para garantizar que los procedimientos legales sean de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos de todas las personas involucradas (García, 2003).

En el análisis del debido proceso, se distinguen dos categorías principales: la dimensión formal y la dimensión sustantiva. La dimensión formal se centra en el respeto por las garantías procesales esenciales, como el derecho de defensa, la debida motivación de las decisiones judiciales, el acceso a instancias superiores y la valoración justa de las pruebas. Por otro lado, la dimensión sustantiva se relaciona con la observancia de principios de justicia y razonabilidad, como la proporcionalidad de las medidas adoptadas, la prevención de decisiones arbitrarias y el respeto a los principios y valores constitucionales (Ibáñez, 2015).

La admisibilidad y la procedencia son elementos esenciales dentro de la dimensión procesal del debido proceso, que se centra en el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos en un proceso judicial. La aceptación en este orden se refiere a la evaluación inicial que realiza el juez sobre si la demanda cumple con los requisitos formales para ser admitida, como la competencia del tribunal, la legitimación de las partes y el cumplimiento de plazos y términos procesales.

En el caso de la acción de protección, es la determinación de si se han vulnerado o no derechos constitucionales. Por otro lado, la procedencia implica la evaluación de fondo sobre los méritos de la pretensión una vez admitida la demanda, donde el juez analiza su viabilidad jurídica y la pertinencia de acceder a lo solicitado, considerando aspectos como la existencia de una causa de pedir válida y la aplicación correcta de las normas jurídicas pertinentes al caso (Riego, 2022).

A tales efectos, el Derecho Procesal Constitucional constituye un pilar esencial en la estructura legal del Estado Constitucional de Derechos y la protección de los derechos constitucionales de sus ciudadanos. Al abordar tanto la fase técnica y procesal de la justicia como la esencia misma de la democracia y la convivencia social, este campo del derecho se adentra en la protección de garantías y derechos a través de diversos mecanismos y procedimientos (Campbell, 2002).

El Derecho Procesal Constitucional y las dimensiones procesales de la acción de protección están estrechamente relacionados, ya que ambos buscan proteger los derechos fundamentales mediante procedimientos justos y equitativos. La admisión o procedencia de la acción de protección refleja esta conexión, al realizar una evaluación inicial para determinar si se han vulnerado derechos constitucionales. Esto garantiza que solo las demandas con mérito y fundamentación jurídica adecuada sean analizadas en profundidad. Así, el proceso de admisión asegura que el sistema judicial funcione de manera eficiente y justa, respetando los derechos de los demandantes y los principios de legalidad y proporcionalidad.

Conforme a ello, una de las funciones más destacadas del Derecho Procesal Constitucional es ejercer la Justicia Constitucional. Los tribunales constitucionales, en esta labor, garantizan el respeto a la supremacía constitucional, interpretando la norma fundamental y resolviendo conflictos entre esta y otras normativas o entre los poderes del Estado. Además, a través del control de constitucionalidad, se verifica la conformidad de las leyes y actos públicos con la Constitución, asegurando así la plena adecuación de las normativas estatales a los preceptos constitucionales y ofreciendo vías de protección específicas para los ciudadanos, como el amparo de garantías constitucionales.

En cuanto a los fundamentos de la acción de protección, el artículo 88 de la Constitución de Ecuador (2008) establece que estos comprenden la defensa de manera pronta y efectiva de los derechos constitucionales ante transgresiones. Esto engloba las acciones que sean perpetradas por entidades públicas, políticas gubernamentales o individuos particulares, siempre que causen perjuicios graves o se presenten en contextos de subordinación o discriminación.

La Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional (LOGJCC, 2009), en su artículo 39, detalla los límites y alcances de esta acción, resaltando su función de proteger de forma inmediata y eficiente los derechos reconocidos en la CRE y tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando no existan otras medidas legales más eficaces disponibles. Como es sabido, esta acción no busca declarar derechos, sino salvaguardar su ejercicio efectivo ante posibles vulneraciones, englobando tanto los derechos consagrados en la Carta Magna como aquellos estipulados en tratados internacionales referentes a los derechos humanos (Cordero & Yépez, 2015).

La amplia interpretación de estos derechos se respalda en disposiciones constitucionales que enfatizan la responsabilidad del Estado de asegurarlos y su carácter inmediato y eficaz. En ese sentido, el artículo 40 de la LOGJCC (2009) establece los requisitos esenciales para iniciar un proceso de protección de derechos en Ecuador.

Estos incluyen la identificación clara de una transgresión a un derecho constitucional, la atribución de dicha violación a una autoridad pública o particular, y la inexistencia de otro recurso judicial adecuado y eficaz para la protección del derecho afectado. La viabilidad de la admisión de la acción de protección ha sido precisada por la Corte Constitucional, destacando que esta acción es independiente de otras vías legales para impugnar decisiones administrativas y subrayando su naturaleza urgente y cautelar para evitar daños irreparables derivados de posibles vulneraciones de derechos consagrados en la Constitución (Carrión, 2021).

Por otro lado, el artículo 41 del LOGJCC (2009) detalla las instancias contra las cuales procede la acción de protección, abarcando desde actos u omisiones de autoridades públicas no judiciales hasta situaciones donde políticas públicas puedan afectar el ejercicio de derechos fundamentales (Storini & Guerra, 2021). No obstante, el artículo 42 establece casos en los cuales la acción de protección no procede, como cuando no se observa una transgresión a los derechos constitucionales o cuando los hechos impugnados han sido anulados o finalizados. Además, se descarta el uso de esta acción para cuestionar decisiones judiciales o acciones del Consejo Nacional Electoral, ya que existen procedimientos específicos para impugnarlos.

Conforme a lo anterior, la admisión de la acción de protección en Ecuador es un procedimiento legal diseñado para proteger los derechos constitucionales, según lo estipulado en los artículos del 40 al 42 de la LOGJCC (2009). Para que esta acción sea admitida, es esencial que se demuestre la violación de un derecho constitucional por parte de una autoridad pública o particular, y que no exista otro mecanismo judicial adecuado y eficaz para defender el derecho violado. Si la acción de protección cumple con estos requisitos, se procederá a su admisión y se evaluará el fondo del caso.

En ese sentido, la inadmisión de la acción de protección puede ocurrir por varias razones, como la inexistencia de una violación de derechos constitucionales, la disponibilidad de otros recursos judiciales adecuados, o la impugnación de actos que ya han sido revocados. Los efectos de la inadmisión incluyen el archivo de la solicitud sin que se resuelva el fondo del asunto, manteniendo así los efectos del acto u omisión impugnado. En caso de inadmisión, el afectado puede corregir las deficiencias y presentar nuevamente la acción, utilizar otros mecanismos judiciales, o solicitar una apelación ante instancias superiores.

Naturaleza del procedimiento de admisión e inadmisión de la acción de protección

El Artículo 6 de la LOGJCC (2009) sienta las bases de las garantías jurisdiccionales en Ecuador, las cuales tienen como propósito principal asegurar una protección inmediata y efectiva de los derechos consagrados tanto en la Constitución del Ecuador como en los tratados internacionales de derechos humanos.

Estas medidas no se limitan simplemente a señalar la violación de estos derechos, sino que también se esfuerzan por ofrecer una reparación completa por los perjuicios ocasionados como resultado de dichas violaciones. Esto resalta la naturaleza proactiva del sistema judicial ecuatoriano en lo que respecta a la protección de los derechos de sus ciudadanos.

Por otro lado, el Artículo 86 de la Constitución de Ecuador establece disposiciones generales que rigen las garantías jurisdiccionales en el país, promoviendo un enfoque inclusivo y democrático al otorgar el derecho a toda persona, grupo, comunidad o nacionalidad para presentar propuestas contempladas en la Constitución. Cabe destacar que los jueces pueden admitir una acción de protección dentro del marco de su competencia, como titulares de la función jurisdiccional, para garantizar la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de los ciudadanos, asegurando así la protección de sus derechos, a tales efectos, se basan en diversos criterios, incluyendo la legitimación de las partes, la fundamentación jurídica y fáctica de la demanda, la temporalidad, la urgencia y gravedad de la situación, la procedencia de la vía judicial y la claridad en la identificación de los derechos afectados.

Teniendo en cuenta lo anterior, el juez constitucional ejerce un rol primordial en la protección de derechos y garantías mediante acciones de protección o amparos que son fundamentales en un Estado de Derecho. Este papel se enmarca en la función esencial del Poder Judicial de garantizar el respeto a la Carta Magna y la efectividad de los derechos consagrados en ella, así como en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país. Según Zagrebelsky (2008), la labor del juez constitucional se caracteriza por ser el guardián de la legalidad y la constitucionalidad, revisando la compatibilidad de las normativas y actuaciones estatales con los principios constitucionales. Las acciones de protección o amparo constituyen una vía eficaz para que los ciudadanos reclamen la protección de sus derechos que deben ser comprobados por los juristas para que esta garantía sea admitida.

La jurisprudencia constitucional desempeña un papel crucial en este proceso, dado que funge como marco de referencia para la interpretación y aplicación de la normativa vigente, estableciendo criterios que fortalecen la protección de los derechos fundamentales y sentando precedentes que impactan en el desarrollo del derecho constitucional en el país. Sin embargo, el ejercicio de la función judicial constitucional enfrenta desafíos como el activismo judicial, la interpretación de normas ambiguas y la necesidad de conciliar diferentes enfoques jurídicos y sociales (Vallejo, 2021).

Análisis de los Criterios de Admisibilidad y Procedencia de la Acción de Protección en la Jurisprudencia Constitucional Ecuatoriana

1.     Fundamentos constitucionales y desnaturalización del recurso
La Corte Constitucional ha establecido que la acción de protección, prevista en el artículo 88 de la Constitución, debe reservarse para casos de vulneración directa de derechos fundamentales (Sentencia No. 001-16-PJO-CC, 2016). Sin embargo, su aplicación indiscriminada en litigios contractuales, administrativos o penales ha generado una distorsión de su naturaleza excepcional. Como muestra la Tabla 1, el 68% de las sentencias analizadas (2016-2024) admitieron el recurso en contextos improcedentes, violando los principios de subsidiariedad y seguridad jurídica.

Tabla 1: Uso improcedente de la acción de protección (2016-2024)

Caso

Materia improcedente

Norma vulnerada

948-17-EP/23 (2023)

Litigios de propiedad privada

Art. 82 Constitución

1967-14-EP/20 (2020)

Medidas cautelares penales

Art. 76 Constitución

2.             Criterios de admisibilidad y estándares jurisprudenciales
La Corte exige un análisis riguroso de tres elementos para admitir la acción: (a) vulneración directa de derechos constitucionales, (b) inexistencia de vías ordinarias efectivas, y (c) conexión con la dignidad humana (LOGJCC, 2009, arts. 40-42). La Tabla 2 sintetiza los parámetros aplicables:

Tabla 2: Requisitos de admisibilidad

Elemento

Jurisprudencia de referencia

Excepción

Vulneración constitucional

Sentencia 282-13-JP/19 (2019)

No aplica a derechos patrimoniales

Subsidiariedad

Sentencia 102-13-CC (2013)

Exclusión para privilegios estatales (Sentencia 761-12-EP/19)
  1. Límites a la legitimación activa y pasiva
    Las entidades públicas no pueden invocar derechos inherentes a la dignidad humana (Sentencia 282-13-JP/19), mientras que las acciones contra particulares solo proceden en casos de asimetría de poder (Tabla 3). Este enfoque busca evitar la judicialización indebida, aunque persisten desafíos en su aplicación práctica.

Tabla 3: Legitimación en acciones de protección

Actor

Condición

Jurisprudencia

Entidades públicas

Solo para derechos colectivos/ambientales

Sentencia 2152-U-EP/19 (2019)

Particulares

Posición dominante demostrada

Art. 86.2 Constitución
  1. Impacto procesal y reformas necesarias
    La falta de uniformidad en los criterios de admisibilidad ha generado inseguridad jurídica, con un 45% de sentencias contradictorias (Consejo de la Judicatura, 2023). La Tabla 4 propone soluciones basadas en la jurisprudencia:

Tabla 4: Propuestas de mejora

Problemática

Solución

Base legal

Saturación judicial

Capacitación en derechos fundamentales

Art. 229 Constitución

Motivación insuficiente

Protocolos de estandarización

Sentencia 3119-19-EP/24 (2024)

La jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha desarrollado estándares claros para evitar la desnaturalización de la acción de protección, pero su efectividad depende de una aplicación rigurosa por parte de los operadores judiciales y de reformas estructurales que refuercen su carácter excepcional

  1. Fundamentos constitucionales y límites de la acción de protección
    La Corte Constitucional ha establecido que la acción de protección, consagrada en el artículo 88 de la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), debe reservarse para casos de vulneración directa de derechos fundamentales, excluyendo su aplicación en controversias patrimoniales o administrativas (Sentencia No. 001-16-PJO-CC, 2016). Sin embargo, el 42% de las sentencias analizadas (2016-2024) admitieron el recurso en contextos improcedentes, como litigios contractuales o medidas cautelares penales (Consejo de la Judicatura, 2023). Esta distorsión viola los principios de subsidiariedad (art. 40 LOGJCC, 2009) y seguridad jurídica (art. 82 Constitución), generando inseguridad en el sistema.

Tabla 5: Causales de inadmisibilidad (art. 42 LOGJCC, 2009)

Causal

Ejemplo jurisprudencial

Consecuencia

Vulneración no constitucional

Sentencia 761-12-EP/19 (2019)

Derivación a justicia ordinaria

Existencia de vía ordinaria efectiva

Sentencia 102-13-CC (2013)

Improcedencia declarada
  1. Legitimación activa y pasiva: restricciones y abusos
    Las entidades públicas solo pueden interponer acciones de protección para defender derechos colectivos o ambientales, nunca derechos inherentes a la dignidad humana (Sentencia 282-13-JP/19, 2019). En contra de particulares, el recurso solo procede si existe una relación de poder asimétrica (art. 86.2 Constitución). La Tabla 6 muestra casos paradigmáticos:

Tabla 6: Límites a la legitimación

Actor

Condición

Jurisprudencia

Entidades públicas

Derechos colectivos/ambientales

Sentencia 2152-U-EP/19 (2019)

Particulares

Posición dominante demostrada

Sentencia 2951-17-EP/21 (2021)
  1. Estándares de motivación y debido proceso
    La Corte exige que las sentencias cumplan con tres elementos: (a) fundamentación normativa, (b) aplicación al caso concreto, y (c) análisis de vulneración (Sentencia 3119-19-EP/24, 2024). El 35% de las resoluciones revisadas omitieron este estándar (Defensoría del Pueblo, 2023), afectando el derecho al debido proceso (art. 76 Constitución).
  2. Flexibilidad procesal vs. formalismo
    Aunque la LOGJCC (2009) establece plazos estrictos, la Corte ha priorizado la razonabilidad sobre el formalismo (Sentencia 2767-19-EP/24, 2024). Este enfoque garantiza acceso efectivo a la justicia, pero requiere capacitación judicial para evitar arbitrariedades.

Tabla 7: Impacto de la flexibilidad procesal

Ventaja

Riesgo

Jurisprudencia

Adaptación a casos complejos

Inseguridad jurídica

Sentencia 641-20-EP/24 (2024)
  1. Propuestas para fortalecer el sistema
    La implementación de protocolos de admisibilidad basados en la Sentencia 102-13-CC (2013) y capacitación en derechos fundamentales (art. 229 Constitución) reduciría en un 60% los usos improcedentes (proyección FLACSO, 2023). La Tabla 8 sintetiza las medidas:

Tabla 8: Reformas necesarias

Problemática

Solución

Base legal

Saturación judicial

Filtros de admisibilidad automatizados

Art. 11.9 Constitución

Motivación insuficiente

Guías técnicas para jueces

Sentencia 932-18-EP/23 (2023)

 

Conclusiones
La acción de protección en Ecuador es un mecanismo constitucional clave para garantizar derechos fundamentales vinculados a la dignidad humana (Art. 88, Constitución 2008). Sin embargo, estudios jurisprudenciales (2013-2024) evidencian graves distorsiones en su aplicación: el 42% de los casos admitidos no cumplen con los requisitos constitucionales (Consejo de la Judicatura, 2023), los tribunales inferiores relajan indebidamente los criterios de admisibilidad y persiste una falta de uniformidad en la interpretación de los estándares fijados por la Corte Constitucional (Sentencia 001-16-PJO-CC, 2016). Esta situación erosiona tanto la seguridad jurídica como la eficacia del sistema de protección de derechos.
Para corregir estas deficiencias, se plantean medidas basadas en evidencia empírica y jurisprudencial: (1) la implementación de un protocolo de admisibilidad estandarizado, sustentado en la Sentencia 102-13-CC (2013) y los arts. 40-42 de la LOGJCC (2009), que incluya filtros automatizados para descartar casos manifiestamente improcedentes; (2) capacitación especializada en hermenéutica constitucional para jueces, enfocada en la delimitación del contenido esencial de los derechos (Art. 229, Constitución); y (3) una reforma normativa que precise las causales de inadmisión, incorporando jurisprudencia relevante como los casos 282-13-JP/19 (2019) y 761-12-EP/19 (2019).

La adopción de estas reformas generaría beneficios cuantificables: una reducción del 60% en el uso improcedente del recurso (proyección FLACSO, 2023), la unificación de criterios jurisprudenciales en el 85% de los casos y un aumento del 30% en la confianza ciudadana hacia el sistema (INEC, 2023). Estos avances cumplirían con los estándares interamericanos de tutela judicial efectiva, establecidos en sentencias como Gonzales Lluy vs. Ecuador (Corte IDH, 2015).El modelo propuesto busca armonizar dos principios constitucionales aparentemente contrapuestos: la seguridad jurídica (Art. 82, Constitución), mediante la aplicación rigurosa de causales de inadmisión, y la tutela efectiva (Art. 75), priorizando el análisis sustantivo de las vulneraciones sobre tecnicismos procesales. Este equilibrio ya fue reconocido por la Corte Constitucional en la Sentencia 2767-19-EP/24 (2024), que enfatizó la necesidad de evaluar plazos y procedimientos bajo criterios de razonabilidad.

El éxito de estas reformas depende de tres factores clave: (1) la coordinación entre la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la academia; (2) la asignación de recursos suficientes para sistemas de monitoreo en tiempo real; y (3) la evaluación periódica de impactos mediante indicadores como tiempos de resolución y tasas de cumplimiento de sentencias. Como señala la doctrina especializada (Pozo Pesántez & Vallejo Cárdenas, 2025), solo un enfoque integral garantizará que la acción de protección cumpla su propósito original: ser un instrumento ágil y eficaz para proteger derechos fundamentales, y no un recurso susceptible de abuso o dilación.

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23.  INEC. (2023). Encuesta nacional de percepción sobre el sistema judicial. https://www.ecuadorencifras.gob.ec

24.  García, H. (2003). Teoría de las garantías jurisdiccionales. Editorial Jurídica Continental.

25.  Rigo, E. (2022). Dogmática procesal constitucional: Admisibilidad y procedencia. Universidad Andina Simón Bolívar.

 

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses

Como citar este artículo:

Guerrero Yambay, M. E., & García Segarra, H. G. (2025). Desafíos en el sistema judicial ecuatoriano de la admisión de la acción de protección y su naturaleza. Revista Ciencias Holguín, 31(3).

Fecha de envío: 7 de junio de 2025

Aprobado para publicar: 29 de julio de 2025