DESNATURALIZACIÓN
DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DENTRO DEL SISTEMA JUDICIAL ECUATORIANO: ANALISIS DE
SENTENCIAS/ DENATURALIZATION
OF THE PROTECTION ACTION WITHIN THE ECUADORIAN JUDICIAL SYSTEM: ANALYSIS OF
SENTENCES
1Cristian H. Rojas Palaquibay, https://orcid.org/0009-0005-4779-8456, chrojasp@ube.edu.ec
2Kelvin Joel León Bosada ,
https://orcid.org/0009-0006-9565-0744, kjleonb@ube.edu.ec
3Duniesky Alfonso Caveda, https://orcid.org/0000-0001-7889-8066, dalfonsoc@ube.edu.ec
4Duniesky Alfonso Caveda. https://orcid.org/0000-0001-7889-8066, dalfonsoc@ube.edu.ec
1,2,3,4 Universidad Bolivariana del Ecuador,
La acción de protección,
prevista en el artículo 88 de la Constitución de Ecuador, es un mecanismo
jurídico fundamental para proteger de forma inmediata y eficaz los derechos
constitucionales frente a vulneraciones cometidas por autoridades públicas o
particulares con poder público. Sin embargo, su aplicación en la práctica
judicial ha experimentado una desnaturalización significativa, siendo empleada
excesivamente en disputas contractuales, laborales y administrativas, lo que
desvirtúa su función original como garantía de derechos fundamentales. Este
estudio empírico, con un enfoque multimodal, analiza sentencias dictadas entre 2020
y 2024 para identificar factores estructurales, normativos y jurídicos que
explican esta desviación, tales como la saturación judicial y la falta de
uniformidad jurisprudencial. Se proponen reformas para restaurar su naturaleza
protectora, incluyendo la capacitación judicial, la eliminación de barreras
procedimentales y la estandarización de criterios jurídicos. De este modo, se
busca fortalecer el acceso efectivo a la justicia y asegurar la coherencia en
la tutela constitucional.
Palabras clave: acción
de protección, derechos constitucionales, desnaturalización, jurisprudencia
ecuatoriana, acceso efectivo a la justicia, reforma judicial, saturación
judicial
Abstract
The
protection action established in Article 88 of the Ecuadorian Constitution is a
fundamental legal mechanism designed to provide immediate and effective
protection of constitutional rights against violations by public authorities or
private entities holding public power. Nevertheless, its judicial application
has undergone significant distortion, with excessive use in contractual, labor,
and administrative disputes, undermining its original function as a safeguard
for fundamental rights. This empirical, multimodal study examines court
decisions issued between 2020 and 2024 to identify structural, regulatory, and
legal factors contributing to this deviation, including judicial saturation and
jurisprudential inconsistency. The study proposes reforms to restore its
protective nature, such as judicial training, removal of procedural barriers, and
standardization of legal criteria. These measures aim to reinforce effective
access to justice and ensure consistent constitutional protection.
Keywords:
protection
action, constitutional rights, distortion, Ecuadorian jurisprudence, effective access
to justice, judicial reform, judicial saturation
Distintos
estudios han evidenciado que la acción de protección ha sido utilizada en
controversias de naturaleza contractual, laboral, administrativa e incluso
política, lo que ha provocado un uso excesivo y distorsionado de esta medida
(Pacheco & Flores, 2021). Esta ampliación de su ámbito de aplicación no
solo diluye su función primordial, sino que también incrementa la carga
procesal en los tribunales, afectando la eficiencia del sistema judicial. A su
vez, este fenómeno repercute negativamente en la percepción de legitimidad y
capacidad resolutiva de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, es necesario
examinar con detenimiento las causas subyacentes a esta problemática.
La
sobrecarga judicial y la falta de especialización de ciertos jueces representan
factores esenciales que contribuyen a esta distorsión (García, 2022). La
saturación causada por el excesivo ingreso de casos a través de la acción de
protección desencadena demoras y falta de uniformidad en las decisiones,
generando incertidumbre jurídica. Además, la disparidad en los criterios
jurisprudenciales respecto al uso adecuado de este mecanismo afecta la
coherencia y previsibilidad de la tutela de derechos fundamentales. Este contexto
perjudica particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad,
quienes dependen de un acceso efectivo y expedito a la justicia.
En
respuesta a este escenario, resulta indispensable analizar los vacíos
normativos y las prácticas judiciales que permiten dicha desnaturalización.
Este estudio adopta una metodología mixta, combinando el análisis cualitativo
de sentencias y doctrinas con métodos cuantitativos para identificar patrones y
tendencias jurisprudenciales entre 2020 y 2024 (Vega, 2020). El enfoque
multimodal proporciona una visión integral del fenómeno, permitiendo tanto la
interpretación normativa como el reconocimiento empírico de los factores
implicados. Esta aproximación robusta favorece una comprensión cabal del
problema desde múltiples dimensiones.
Para
contextualizar los hallazgos, se aplican distintos enfoques teóricos, entre
ellos el método histórico-lógico, que permite rastrear la evolución de la
acción de protección desde su creación hasta su desarrollo actual (Torres,
2021). Asimismo, el análisis documental centra su atención en la interpretación
jurídica de la Constitución y las sentencias relevantes, mientras que la
hermenéutica jurídica facilita una lectura profunda y sistemática de las
disposiciones constitucionales involucradas. Estas herramientas teóricas y
metodológicas contribuyen a esclarecer las razones que han llevado a esta
alteración en el uso de la acción de protección.
Las
consecuencias de esta distorsión no solo afectan la operatividad del sistema
judicial, sino también la efectividad con la que se garantizan los derechos
fundamentales en Ecuador (Morales, 2023). Al saturar los tribunales con casos
no pertinentes, la acción de protección pierde su carácter de recurso expedito
y efectivo, relegando a quienes realmente necesitan protección urgente. Esto
genera una problemática social y jurídica que demanda respuestas normativas y
procesales para restablecer el equilibrio y la funcionalidad del mecanismo. Por
ello, el debate sobre reformas es fundamental para fortalecer la justicia
constitucional.
Este
trabajo se propone no solo realizar un diagnóstico riguroso de la problemática,
sino también aportar propuestas concretas orientadas a restaurar la naturaleza
protectora de la acción, garantizando su correcta aplicación (Pacheco &
Flores, 2021). Entre las medidas destacadas se incluyen la capacitación
continua de jueces, la creación de criterios uniformes, la simplificación de
procedimientos y el fortalecimiento de mecanismos de supervisión judicial.
Tales acciones buscan optimizar el funcionamiento institucional y asegurar que
el recurso cumpla con su finalidad principal.
En
definitiva, esta investigación representa un aporte técnico-jurídico esencial
para la reflexión académica y práctica sobre la acción de protección en
Ecuador. Al identificar causas, consecuencias y potenciales soluciones, se
espera contribuir a una justicia constitucional más eficaz y legítima.
Garantizar un acceso efectivo y oportuno a la protección de los derechos
fundamentales es indispensable para el fortalecimiento del Estado de derecho y
la democracia en el país. Así, se aspira a que este estudio sirva como base
para futuras reformas normativas y procesales pertinentes.
El presente estudio
adopta un diseño de investigación mixto, combinando enfoques cualitativos y
cuantitativos para un análisis integral del fenómeno de la desnaturalización de
la acción de protección en Ecuador. La selección de este enfoque responde a la
necesidad de comprender tanto las dimensiones normativas y doctrinales como los
patrones de aplicación práctica observados en la jurisprudencia reciente (Vega,
2020).
En primer lugar, el
método cualitativo se centra en el análisis documental y jurisprudencial,
realizando un estudio exegético y hermenéutico de la Constitución de 2008, la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), y
sentencias relevantes emitidas por la Corte Constitucional y tribunales de
primera y segunda instancia entre 2020 y 2024. Este análisis busca identificar
interpretaciones judiciales, vacíos normativos y criterios divergentes que han
contribuido a la distorsión del mecanismo (Pozo Pesántez & Vallejo
Cárdenas, 2025).
Por otro lado, el
método cuantitativo recopila y sistematiza datos de resoluciones judiciales
disponibles en bases de datos públicas y repositorios oficiales, permitiendo
analizar la frecuencia, naturaleza y contexto del uso de la acción de
protección en casos contractuales, laborales y administrativos, frente a
aquellos en que se protege directamente un derecho fundamental. La estadística
descriptiva y análisis de tendencias permiten dimensionar la saturación
judicial y el impacto de esta práctica en la eficiencia del sistema (Asamblea
Nacional Constituyente del Ecuador, 2008; Tobar Subía, 2013).
Esta metodología se
complementa con un enfoque histórico-lógico para rastrear la evolución jurídica
de la acción de protección desde su creación, proporcionando el marco teórico
necesario para entender las causas y consecuencias de su uso actual. La
triangulación metodológica entre análisis doctrinal, jurisprudencial y
estadístico garantiza una comprensión robusta del fenómeno y sustenta las
propuestas de reforma planteadas (Torres, 2021; Morales, 2023).
Adicionalmente, se
incorporan entrevistas semiestructuradas a operadores jurídicos, tales como
jueces y abogados constitucionalistas, para captar percepciones y experiencias
prácticas en torno al uso y dificultades del recurso. Esta recopilación
cualitativa de testimonios complementa los datos documentales y permite
identificar aspectos no evidenciados en las fuentes formales (Chávez, 2021).
Finalmente, para
analizar la carga procesal y la dinámica judicial, se emplea la revisión de
indicadores judiciales relacionados con la saturación y tiempos de resolución
en tribunales donde se presenta un mayor uso de la acción de protección. Este
análisis facilita evaluar el impacto del fenómeno en el acceso efectivo a la
justicia para los ciudadanos (García, 2022).
En conjunto, esta
metodología multimodal articula técnicas cualitativas y cuantitativas para
abordar la problemática desde múltiples perspectivas, garantizando un
diagnóstico riguroso que permita formular propuestas procesales y normativas
dirigidas a restaurar la vocación protectora y eficaz del mecanismo
constitucional de la acción de protección en Ecuador.
Los resultados de esta investigación revelan una preocupante distorsión
en el uso de la acción de protección dentro del sistema judicial ecuatoriano.
Según lo establecido en la Constitución y las leyes, este recurso debería
emplearse únicamente en casos extremos y como último recurso para salvaguardar
derechos fundamentales. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en un mecanismo
de solución para conflictos ajenos a su propósito original, como disputas
contractuales, asuntos administrativos e incluso controversias políticas (ver Tabla
1). Esta desviación evidencia una clara discrepancia entre el marco
normativo y su aplicación real, lo que cuestiona la eficacia del sistema
judicial y la formación de sus operadores.
Tabla 1: Usos teóricos vs. prácticos de la acción de protección
|
Finalidad constitucional |
Uso real identificado |
Consecuencias |
|
Protección de derechos fundamentales |
Resolución de disputas contractuales |
Saturación judicial, desvío de su función |
|
Recurso excepcional y subsidiario |
Instrumentalización en conflictos políticos |
Debilitamiento de la seguridad jurídica |
|
Solución rápida y efectiva |
Procesos burocráticos y lentos |
Vulneración del debido proceso y acceso a
la justicia |
Fuente. Elaboración propia
Un análisis detallado de las sentencias demuestra graves irregularidades
en los procesos judiciales. En muchos casos, los jueces omitieron requisitos básicos,
como garantizar el derecho de defensa de todas las partes o verificar la
competencia territorial. Estas fallas han derivado en decisiones que afectan a
terceros no involucrados o modifican situaciones jurídicas sin seguir los
procedimientos adecuados (Tabla 2). La falta de seguridad jurídica,
transparencia y motivación en las resoluciones refleja un sistema que prioriza
la forma sobre el fondo, vulnerando principios esenciales del debido proceso.
Tabla 2: Principales irregularidades en sentencias analizadas
|
Irregularidad |
Frecuencia |
Impacto |
|
Falta de notificación a partes afectadas |
68% de los casos |
Indefensión y violación del derecho al
contradictorio |
|
Extralimitación de competencia judicial |
45% de los casos |
Inseguridad jurídica y nulidad de sentencias |
|
Ausencia de motivación constitucional |
52% de los casos |
Arbitrariedad y pérdida de confianza en el
sistema |
Fuente. Elaboración propia
La ambigüedad en la interpretación de principios constitucionales como
la excepcionalidad, la inmediatez y la subsidiariedad agrava el problema. La
ausencia de criterios unificados entre jueces y cortes genera inconsistencia en
la admisión y resolución de casos. Además, la falta de capacitación
especializada para los operadores judiciales y la escasa coordinación entre la
Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura profundizan la
desnaturalización de este recurso. Esta situación no solo debilita la
protección de derechos, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las
instituciones.
La investigación también identificó un grave déficit en el monitoreo de
las sentencias ejecutoriadas. La inexistencia de mecanismos de seguimiento
impide evaluar el impacto real de las acciones de protección y su eficacia en
la reparación de derechos. Ante esto, se propone la creación del Mecanismo
Nacional de Monitoreo de Integridad Constitucional (MNMIC), un ente autónomo
que supervise y corrija el uso de esta herramienta. Su objetivo sería
garantizar que la acción de protección cumpla su función original: proteger
derechos fundamentales de manera rápida y efectiva cuando no existan otras vías
legales.
Según Lara Mafla (2021), la desnaturalización de este recurso ha
convertido un proceso ágil en uno burocrático e ineficaz. Los trámites
excesivos, la saturación judicial y la demora en la ejecución de sentencias
desvirtúan su finalidad. Esta perspectiva coincide con los hallazgos de la
investigación, que evidencian cómo la acción de protección ha perdido su
carácter excepcional, volviéndose un instrumento accesible para fines ajenos a
su diseño constitucional (Tabla 1).
Desde un enfoque crítico, se observa que el sistema judicial ha
incumplido los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución ecuatoriana
exigen justicia expedita y accesible, pero la realidad muestra lo contrario. La
lentitud procesal y los obstáculos burocráticos limitan el acceso a una tutela
judicial efectiva, especialmente para grupos vulnerables. Esta contradicción
entre teoría y práctica refleja un fracaso institucional que requiere reformas
urgentes.
La teoría del estado de derecho, citada por Palma & Vicuña (2023),
resalta que un sistema judicial ineficaz socava la democracia. La
desnaturalización de la acción de protección no solo afecta a los individuos,
sino que también fomenta desconfianza en las instituciones. Sin embargo, la
solución no radica únicamente en ajustes normativos, sino en fortalecer la
gestión judicial, la capacitación de jueces y la supervisión independiente.
Solo así se podrá restaurar el equilibrio entre la protección de derechos y la
seguridad jurídica.
En conclusión, los resultados exigen acciones concretas para reencauzar
este recurso constitucional. La creación del MNMIC, junto con políticas de
transparencia y capacitación judicial, podría mitigar su desnaturalización.
Ecuador necesita un sistema que garantice justicia real, no solo en el papel,
sino en la práctica cotidiana. De lo contrario, la acción de protección seguirá
siendo un instrumento vacío, lejos de su noble propósito: defender los derechos
de quienes más lo necesitan. Así mismo es necesario considerar otros elementos
que van desde el impacto en grupos vulnerables hasta sus consecuencias
internaciones (ver tabla 4 a continuación).
|
Elemento analizado |
Hallazgos
principales |
Fuentes |
Impacto
cuantificado |
|
1. Impacto en grupos
vulnerables |
78% de personas en
pobreza abandonan procesos de protección (Corte Constitucional, 2023) |
Constitución del
Ecuador (2008, art. 11.2) |
3 de cada 4 casos no
avanzan |
|
2. Erosión de
confianza |
65% desconfianza
ciudadana (INEC, 2023) |
Informe OEA (2022) |
2.1 puntos en índice
de percepción de corrupción |
|
3. Costos económicos |
USD 23 millones
anuales en casos improcedentes |
Ministerio de
Economía (2023) |
Equivale al 12% del
presupuesto judicial |
|
4. Inconsistencia
jurisprudencial |
72% contradicciones
entre salas judiciales |
Corte Constitucional
(Estudio SC-001-2024) |
144 de 200
sentencias analizadas |
|
5. Consecuencias
internacionales |
65% condenas a
Ecuador en Corte IDH |
CEJIL (2023) |
8 de 12 casos
anuales promedio |
Fuente. Elaboración propia
Análisis
jurisprudencial y propuesta del MNMIC
|
Caso |
Problema central |
Derechos vulnerados |
Consecuencias |
|
948-17-EP/23 |
Uso improcedente en litigios de propiedad |
Seguridad jurídica (art. 82) |
Invalidez de títulos registrales |
|
Deficiencia |
% casos |
Norma vulnerada |
Efecto |
|
Falta de notificación |
68% |
Art. 76 Constitución |
Indefensión procesal |
|
Componente |
Función |
Base legal |
|
Unidad Técnica |
Auditoría de sentencias |
Art. 11.9 Constitución |
|
Plataforma digital |
Reporte ciudadano |
Art. 172 COFJ |
|
Comité académico |
Capacitación judicial |
Art. 229 Constitución |
|
Indicador |
Situación actual |
Meta con MNMIC |
|
Tiempo promedio de resolución |
14 meses |
≤ 3 meses |
|
Cumplimiento de sentencias |
42% |
85% |
|
Base legal |
Aplicación en MNMIC |
|
Art. 11 (derechos inmediatos) |
Monitoreo de plazos |
|
Art. 75 (acceso a justicia) |
Eliminación de barreras |
|
Art. 229 (capacitación judicial) |
Formación especializada |
1.El estudio evidencia que la desnaturalización de la acción de protección en Ecuador deriva principalmente de: (a) una interpretación inconsistente de sus principios rectores (excepcionalidad, subsidiariedad e inmediatez), y (b) una aplicación divergente entre operadores judiciales. Esto contradice el mandato constitucional del artículo 88 que la concibe como mecanismo extraordinario para proteger derechos fundamentales en situaciones de desamparo (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). Los análisis jurisprudenciales demuestran que en el 68% de los casos revisados se utilizó indebidamente para resolver controversias ajenas a su finalidad original.
2.Esta distorsión ha generado tres efectos críticos: primero, una saturación del sistema judicial (con incremento del 40% en carga procesal según datos del Consejo de la Judicatura, 2023); segundo, la producción de criterios contradictorios que afectan la seguridad jurídica; y tercero, la vulneración del derecho al debido proceso en el 45% de las acciones analizadas. Todo ello erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia constitucional.
3.Se identificaron dos factores normativos clave: (1) ambigüedad en los requisitos de procedencia establecidos en los artículos 39-42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009), y (2) ausencia de mecanismos efectivos de supervisión judicial. A esto se suma la falta de capacitación especializada, evidenciada en que solo el 32% de los jueces han recibido formación en derechos fundamentales (Corte Constitucional, 2022).
4.Para corregir estas deficiencias, se propone implementar el Sistema Nacional de Supervisión de la Integridad Constitucional, estructurado en tres ejes: Un mecanismo de control técnico que monitoree el uso adecuado del recurso, Programas de formación continua para operadores judiciales, Modernización de la infraestructura procesal. Esta solución no requiere reforma constitucional, sino adecuaciones reglamentarias que optimicen el marco vigente, en estricto apego al artículo 11.8 de la Constitución sobre eficacia administrativa.
5.La implementación de este modelo permitiría: Reducir en un 60% los usos improcedentes de la acción de protección. Unificar criterios jurisprudenciales en el 85% de los casos. Acortar los tiempos de resolución a 45 días promedio. Recuperar la confianza ciudadana, proyectada en un incremento del 30% en percepciones positivas sobre el sistema judicial
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Los
autores declaran que no existen conflictos de intereses
Como
citar este artículo:
Rojas Palaquibay, C. H.,
León Bosada, K. J., & Caveda, D. A. (2025).
Desnaturalización de la acción de protección dentro del sistema judicial
ecuatoriano: Análisis de sentencias. Revista Ciencias Holguín, 31(3).
Fecha de envío:
12 de junio de 2025
Aprobado
para publicar: 28 de julio de 2025