La Contienda Constitucional, Legislativa y Ejecutiva, presente en
Ecuador: ¿Permite el Progreso o lo Obstaculiza? / The Constitutional, Legislative and Executive Struggle in Present-Day
Ecuador: Does It Allow Progress or Hinder It
1Ivonne K. Cedeño Arguello¹ https://orcid.org/0009-0000-6292-5357 ivonne.cedeño@upacifico.edu.ec
2Lenin Figueroa González² https://orcid.org/0009-0009-5234-7069 lenin.figueroa@upacifico.edu.ec
3Ángel Girón Silva³ https://orcid.org/0009-0002-9228-0689
angel.giron@upacifico.edu.ec
4Yudith López Soria⁴ https://orcid.org/0000-0002-6845-088X
yudith.lopez@ube.edu.ec,
¹,²,³,⁴ Universidad del Pacífico
Resumen
El objetivo general
de este artículo científico es: Describir cómo en los últimos dos años el
recrudecimiento de una fuerte contienda entre la función constitucional y
legislativa y la función ejecutiva en el Ecuador, está siendo determinante en
la inestabilidad política, económica y de seguridad que padece el país. La
investigación tiene un enfoque cualitativo; y, la metodología que usa se basa
en métodos como el analítico-sintético, exegético e inductivo, que sustentan la
revisión normativa, jurisprudencial y bibliográfica especializada, considerando
mecanismos como: Juicio político, veto presidencial y la denominada muerte
cruzada, así como, el rol de la Corte Constitucional en el control de
constitucionalidad. Se concluye que, el resultado del modelo constitucional
ecuatoriano amplió formalmente la separación de poderes, pero su eficacia
depende de la cooperación interinstitucional, la cultura política y el respeto
efectivo a los límites constitucionales, elementos indispensables para
garantizar la estabilidad política, la seguridad jurídica y la gobernabilidad
democrática para el beneficio del bien común.
Palabras clave: Poderes del Estado, separación y división, avance o
retroceso, Ecuador.
Abstract
The aim
of this scientific article is: To describe how, in the last two years, the
intensification of a strong conflict between the constitutional and legislative
function and the executive function in Ecuador has been determinant in the
political economic, and security instability the country suffers. The research
has a qualitative approach, and the methodology it uses is
analytical-synthetic, exegetical, and inductive, which is supported by the
review of norms, jurisprudence, and specialized bibliography, considering
mechanisms such as: Political trial, presidential veto, and the so-called
mutual death, as well as the role of the Constitutional Court in the control of
constitutionality. It is concluded that the result of the Ecuadorian
constitutional model formally expanded the separation of powers; its
effectiveness depends on inter-institutional cooperation, political culture,
and effective respect for constitutional limits, indispensable elements to guarantee
political stability legal security and democratic governance for the benefit of
the common good.
Keywords:
Powers of
the State, separation and division, advance or retrocession, Ecuador.
INTRODUCCIÓN
Al
entrar en vigor la Constitución de la República del Ecuador de 2008, adopta el
modelo de Estado constitucional de derechos y justicia, sustituyendo el
formalismo legal por un constitucionalismo material. El artículo 1 reconoce esta forma de Estado,
orientando el ejercicio del poder público a la garantía de los derechos
fundamentales. A su vez, el artículo 424 establece la supremacía de la
Constitución dentro del ordenamiento jurídico, mientras que los artículos 426 y
11 numeral 3 disponen la aplicación directa e inmediata de las normas y derechos
constitucionales por parte de todas las autoridades. (Asamblea Constituyente de
Ecuador, 2008)
El
poder se organiza como sistema garantista orientado a la protección de la
dignidad humana, con cinco funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial,
Electoral y Transparencia. La relación entre Ejecutivo y Legislativo es el
núcleo más conflictivo, marcado por un presidencialismo persistente, donde
tensiones políticas y mecanismos de control influyen en la estabilidad
institucional y la toma de decisiones del Estado. Es de destacar que de su
normal funcionamiento depende la seguridad ciudadana, por ejemplo. Esto, dado
que, “la seguridad ciudadana se relaciona con el Estado de derecho y la
estabilidad institucional, ya que un orden jurídico equilibrado y la adecuada
distribución del poder contribuyen a garantizar tranquilidad social y
convivencia democrática.” (García, 2014, p. 131).
Hoy el
Ecuador, se debate en una contienda que polariza y divide al pueblo,
obedeciendo a ideologías políticas, o simplemente, obedeciendo a posiciones
radicalizadas de una y otra parte, La Asamblea Nacional de e Ecuador, tras el
último periodo e elecciones llevado a cabo en el año 2025, quedó configurada
por dos grandes grupos políticos, de forma mayoritaria, con mayor número de
asambleístas, quedó el partido de la
Revolución ciudadana y con un número menor pero con escasa diferencia, quedó el
partido ADN, que es el oficialista, pues es el Partido al que pertenece el
actual Presidente del Ecuador, elegido a través de esa misma lista. Luego, al
cabo de un tiempo, algunos asambleístas, que fueron elegidos por la Revolución Ciudadana,
pasaron a formar parte del partido de ADN y así mismo ocurrió con algunos
asambleístas de Pachakutik, otra fuerza política que, aunque tenía una presencia
menor en la Asamblea, igualmente podía establecer la diferencia. Estos
comportamientos no son loables, y se les llama coloquialmente: “camisetasos”, pues se supone que el asambleísta llega a ocupar
esa curul porque alcanzó mayoría de votos postulando por el partido que postuló,
y eso implica visión política, compromiso con un plan de gobierno, previamente
determinado, y con una definición e identidad política. Convirtiéndose así, en
mayoría, el grupo de asambleístas del bloque oficialista.
Esto
puede no trascender, siempre y cuando los asambleístas elegidos por el pueblo,
representen al pueblo ecuatoriano en sus intervenciones y decisiones,
defendiendo sus intereses, pero, si los asambleístas prefieren representar el
interés de la o el mandatario, como un interés personal y no encaminado al
bienestar común, se producen grandes contiendas, derivándose de decisiones,
leyes, y modificaciones legislativas que no representan a la mayoría del pueblo
ni buscan el bienestar común.
Tras
estas observaciones, se diagnostica el siguiente problema científico que orienta
la presente investigación: ¿En los últimos dos años, el recrudecimiento de una
fuerte contienda entre la función Legislativa y la función Ejecutiva en la
República del Ecuador, estará siendo determinante en la inestabilidad política,
económica y de seguridad, que padece el país?
A
partir de esta problemática, el objetivo general del estudio es: Describir cómo
en los últimos dos años el recrudecimiento de una fuerte contienda entre la
función Legislativa y la función Ejecutiva en el Ecuador está siendo
determinante en la inestabilidad política, económica y de seguridad que padece
el país. Y, para alcanzar este propósito se plantean los siguientes objetivos
específicos: Primero, analizar
cuáles son las funciones ejecutivas y legislativas del Estado ecuatoriano, su
contenido y su situación actual. Segundo, estudiar la teoría de la separación de
poderes y la necesidad de su aplicación en el caso ecuatoriano. Tercero, revisar
eventos de discordia entre la función constitucional y legislativa y la función
ejecutiva en Ecuador en los últimos 2 años.
METODOLOGÍA
El presente estudio se desarrolla a partir de un enfoque
metodológico jurídico de corte cualitativo, que:
Se caracteriza
por su énfasis en la comprensión profunda, contextualizada, a la vez holística
y detallada de fenómenos sociales y culturales, especialmente aquellos
relacionados con experiencias humanas complejas y subjetivas. Que considere el contexto específico de la
investigación, permite adaptar los métodos a las particularidades del entorno y
los participantes. Este enfoque
contextual es muy importante en investigaciones educativas y sociales.
(Caballero, 2025, p. 19)
Enfoque idóneo para desarrollar esta investigación,
basado en los métodos analítico-sintético, exegético e inductivo. El primero de
ellos, en forma combinada, permite estudiar un fenómeno o problema
mediante la descomposición de sus partes, con el fin de comprender cada uno de
sus elementos de manera individual. Este método permite examinar los
componentes de un objeto de estudio, identificar sus características y
comprender cómo se relacionan entre sí para explicar el fenómeno investigado. A
través del análisis detallado de cada parte, el investigador puede comprender
mejor la estructura y funcionamiento del todo que está siendo estudiado. Y, en
su segunda parte, se utiliza para integrar o reunir las partes previamente
analizadas de un fenómeno con el propósito de comprenderlo como un todo.
Después de estudiar cada elemento de manera separada, el investigador combina
nuevamente esas partes para establecer relaciones entre ellas y obtener una
visión global del objeto de estudio. De esta forma, el método sintético permite
reconstruir la realidad investigada y comprender su funcionamiento de manera
integral (Bernal, 2010, p. 60).
Mientras que, el
exegético, según Martínez Montenegro: “opera como parte de la interpretación
del Derecho como una ciencia que su propia naturaleza asume una arista
interpretativa que se vincula con la interpretación y aplicación de las normas
e instituciones jurídicas, tanto sustantivas como adjetivas, así como el actuar
de los organismos y operadores jurídicos.” (Martínez, 2023)
Por último, el método inductivo,
que es un procedimiento de investigación que parte de la observación de casos
particulares para formular conclusiones o generalizaciones de carácter general.
Este método se basa en el análisis de hechos específicos, datos o experiencias
concretas, a partir de los cuales se establecen principios o leyes generales
que permiten explicar fenómenos similares. En la investigación científica, el
método inductivo es fundamental porque permite construir conocimiento a partir
de la experiencia y la observación sistemática de la realidad (Bernal, 2010, p.
56).
DESARROLLO
Funciones
Ejecutivas y Legislativas del Estado Ecuatoriano, su Contenido y su Situación
Actual
La
Constitución de la República del Ecuador de 2008 instauró un nuevo paradigma
estatal al definir al país como un Estado constitucional de derechos y
justicia, lo que implicó una transformación profunda en la estructura, el
funcionamiento y los fines del poder público. Este modelo reconoce la
supremacía normativa de la Constitución, la centralidad de los derechos
fundamentales y la sujeción de todas las funciones del Estado al orden
constitucional, superando la visión formalista del antiguo Estado legal de
derecho, caracterizado por la primacía de la ley sobre los principios
constitucionales y los derechos humanos.
Asimismo, el constitucionalismo material consolida a
la Constitución como una norma vinculante de aplicación directa e inmediata, en
la cual los derechos fundamentales orientan la acción estatal y condicionan la
validez de las decisiones públicas, priorizando la dignidad humana y el
fortalecimiento del Estado democrático.
En este marco, la organización del poder se fundamenta en el principio de
distribución funcional, mediante el cual se establecen competencias
diferenciadas para cada órgano estatal con el propósito de evitar la
concentración de poder, garantizar la vigencia del principio democrático y
asegurar un sistema efectivo de control reciproco. La Constitución ecuatoriana
reconoce cinco funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de
Transparencia y Control Social, lo que representa un modelo ampliado de
separación de poderes que supera la tradicional división tripartía e incorpora
órganos especializados orientados a fortalecer la democracia participativa, la
transparencia y el control social. Sin embargo, en la práctica política este
ideal de colaboración armónica entre funciones no siempre se materializa,
generándose con frecuencia escenarios de confrontación política, parálisis institucional
y debilitamiento del sistema democrático (Grijalva, 2023, pp. 91-93).
Desde una perspectiva doctrinal, se sostiene que la
Función Ejecutiva concentra una elevada capacidad de decisión y ejecución
inmediata de políticas públicas, lo que le otorga una posición central dentro
del sistema constitucional ecuatoriano; no obstante, esta centralidad también
exige la existencia de mecanismos eficaces de control político y jurídico que
permitan evitar la concentración excesiva del poder y garantizar el equilibrio
institucional. En el sistema político ecuatoriano, además, el diseño de
presidencialista ha favorecido en determinados momentos el surgimiento de
rasgos de hiperpresidencialismo, situación que se ve reforzada por la
fragmentación legislativa, la debilidad del sistema de partidos y la dificultad
para consolidar acuerdos políticos estables entre las distintas fuerzas
representadas en la Asamblea Nacional (Oyarte, 2021,
pp. 59, 152, 165 -167, 171).
El funcionamiento efectivo de la Función Legislativa
ha enfrentado importantes limitaciones dentro de la práctica política
ecuatoriana. La fragmentación partidista, la ausencia de mayorías
parlamentarias estables, la volatilidad electoral y la debilidad de los
acuerdos de diferentes partidos han dificultado la construcción de consensos
duraderos, afectando tanto la producción normativa como el ejercicio efectivo
de control político sobre el Ejecutivo. Estas
dinámicas han generado tensiones constantes entre ambas funciones del Estado,
propiciando escenarios de confrontación política, bloqueo institucional y
judicialización del conflicto político, lo cual repercute negativamente en la
gobernabilidad democrática y en la capacidad del Estado para responder de manera
oportuna a los problemas estructurales del país (Pazmiño, 2022, p. 57).
Durante los últimos años, el Ecuador ha
experimentado una etapa particularmente compleja, caracterizada por la
intensificación del conflicto entre la Función Ejecutiva y la Función
Legislativa, lo que ha generado un clima de inestabilidad política permanente.
Esta situación ha tenido efectos directos en la gobernabilidad democrática, en
la capacidad del Estado para implementar políticas publicas
y en la confianza ciudadana y el deterioro institucional. Asimismo, la
incertidumbre política ha afectado el desempeño económico del país al reducir
la inversión pública y privada, incrementar el desempleo y debilitar la
sostenibilidad fiscal del Estado, al tiempo que la fragilidad institucional ha
limitado la capacidad estatal para enfrentar de manera coordinada el crimen
organizado y la violencia (CEPAL, 2024, pp. 38-46).
Teoría de la Separación de Poderes y la Necesidad de su Aplicación en el
Caso Ecuatoriano
La teoría de la separación de poderes constituye uno de los pilares
fundamentales del constitucionalismo moderno y de la organización democrática
del Estado. Su formulación clásica se atribuye a Charles-Louis de Secondat,
barón de Montesquieu, quien en su obra De
l´espirit des lois[1]
(1748) sostuvo que:
La libertad política solo puede preservarse cuando el poder del Estado
no se concentra en una sola persona u órgano. Para Montesquieu, cuando las
funciones legislativa, ejecutiva y judicial se encuentran reunidas en la misma
autoridad, existe un alto riesgo de abuso de poder y de instauración del
despotismo. (de Secondant, 1748, p. 453)
En este sentido, afirma que todo hombre que tiene poder se inclina a
abusar de él; va hasta que encuentra limites, razón por la cual el poder debe
frenar al poder mediante su distribución institucional. A partir de esta
concepción, el autor plantea que la organización del Estado debe estructurarse
en tres funciones principales: la función legislativa, encargada de elaborar
las leyes; la función ejecutiva, responsable de su aplicación y administración;
y la función judicial, destinada resolver los conflictos conforme al derecho.
Esta distribución funcional busca evitar la concentración de poder y garantizar
un sistema de equilibrio institucional que proteja la libertad de los
ciudadanos.
En concordancia con esta visión
clásica, la doctrina contemporánea sostiene que la separación de poderes no
implica una fragmentación absoluta del Estado, sino un equilibrio dinámico
entre las distintas funciones públicas. Tal como señala (García, 2014, pp.
127-132). La división del poder debe entenderse como un sistema de frenos y
contrapesos que permite el control reciproco entre los órganos estatales y
evita el ejercicio arbitrario de la autoridad.
En América Latina, la recepción de la teoría montesquiana ha sido particular. Según García (2014):
Los sistemas presidenciales de la región han tendido históricamente a
una separación del poder más que a una separación equilibrada, caracterizada
por un Ejecutivo fuerte que, en muchos casos, subordina o condiciona a las
demás funciones del Estado. Esta tendencia ha generado tensiones estructurales
entre los poderes públicos, afectando la institucionalidad democrática y la
estabilidad política. (pp. 129-132)
En el caso ecuatoriano, la Constitución de la
República de 2008 reconoce formalmente la división de funciones del Estado en
Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control
Social. No obstante, diversos estudios coinciden en señalar que dicha división
no siempre se traduce en una práctica armónica y respetuosa del principio de
separación de poderes. Chuquimarca (2013) sostiene que, “aunque el texto
constitucional establece competencias claras para cada función, en la práctica
se observan constantes interferencias, especialmente en escenarios de crisis
política” (pp. 51-52).
La figura de la muerte cruzada refleja un
presidencialismo que concentra demasiado poder en el Ejecutivo y aunque fue
concebida como un mecanismo de control recíproco en la práctica puede
convertirse en un recurso de presión política que debilita la estabilidad
institucional. Si bien otorga al presidente, una herramienta para enfrentar
bloqueos legislativos, también abre la puerta a escenarios de incertidumbre y
desgaste democrático.
La función legislativa enfrenta un desafío
estructural que va más allá de la simple confrontación política. Cuando el
parlamento convierte sus atribuciones en instrumentos de bloqueo, se desvirtúa
el principio de separación de poderes y se erosiona la capacidad del Estado
para responder a las necesidades sociales. La fiscalización y el control político
son esenciales en una democracia, pero deben ejercerse con responsabilidad y
visión del país, no como mecanismos de desgaste del adversario. La función
legislativa, al ser el espacio de representación plural, debería constituirse
en el motor de consensos y en el garante del equilibrio democrático. Sin
embargo, el ambiente de confrontación descritos ha transformado sus
atribuciones en un campo de disputa que, lejos de fortalecer la
institucionalidad, la debilita. En mi opinión, este fenómeno refleja una crisis
de cultura política más que un problema meramente normativo: los mecanismos de
control y fiscalización, que deberían servir para transparentar la gestión
pública, se convierten en instrumentos de obstrucción de políticas públicas
sostenibles.
La aplicación efectiva de la separación de poderes
en Ecuador es urgente para fortalecer la democracia y la gobernabilidad. No
basta con respetar formalmente las competencias, se requiere cooperación,
dialogo y respeto mutuo entre funciones. La confrontación constante entre Ejecutivo,
Legislativo y Constitucional debilita el sistema democrático y genera
inestabilidad política económica y de seguridad.
Por ello, la separación de poderes debe entenderse
como un principio dinámico que garantiza equilibrio y limita el poder. Su correcta
aplicación permitiría reducir conflictos institucionales, fortalecer la
seguridad jurídica y crear condiciones más favorables para el desarrollo del
país.
La separación de poderes busca evitar la concentración del
poder y garantizar la democracia. En ecuador, este principio se analiza a
través de la figura de la muerte cruzada, vinculada al parlamentarismo y al
presidencialismo. En el parlamentarismo, el Ejecutivo depende del respaldo
parlamentario y puede disolver la Asamblea; en el presidencialismo, los poderes
tienen mayor autonomía y legitimidad directa del voto popular.
En la práctica, los sistemas se adaptan según el contexto
histórico. En Ecuador, el presidencialismo incorpora la muerte cruzada,
fortaleciendo al Ejecutivo y generando debate sobre si este mecanismo refuerza
la democracia o afecta el equilibrio institucional. Y no es menos importante,
estudiar la influencia de la Corte Constitucional del Ecuador como garante de
la legalidad y los derechos fundamentales. A través de sentencias que declaran
la inconstitucionalidad de normas y decretos, como la sentencia 006-17-SEP-CC y
el dictamen 6-24-EE/24. La Corte actúa como legislador negativo y controla al
Ejecutivo. Aunque sus fallos constituyen precedentes importantes, suelen tardar
años en resolverse y se publican en el Registro Oficial. Se discute si su
alcance se extiende a todos los poderes del Estado o se limita a funciones
específicas, mientras las autoridades democráticas pueden presentar garantías
constitucionales ante ella.
Sin embargo, en la práctica
se han evidenciado interferencias políticas, sobre todo en la designación de
autoridades de control y justicia, lo que cuestiona la autonomía de la Función
de Transparencia. Además, se observa que la función Ejecutiva mantiene
predominio sobre las demás funciones, causando un debilitamiento en el
equilibrio de los frenos y contrapesos al ampliar las funciones no ha logrado
garantizar transparencia ni control efectivo.
En el Estado constitucional de derechos y justicia,
la división de poderes cumple no solo una función organizativa, sino también
una función garantista, orientada a la protección efectiva de los derechos
fundamentales y al control del ejercicio del poder público. La estructura del
Estado ecuatoriano según la Constitución de 2008. (Asamblea Constituyente 2008,
2021, arts. 1 y 95-204, pp. 8,79)
Diversos estudios señalan que el Ejecutivo,
mantienen predominio sobre otras funciones, denominado “hiper presidencialismo”,
debilitando el equilibrio y la eficacia de los frenos y contrapesos. Además, la
ampliación de funciones no ha garantizado mayor transparencia ni control
efectivo, generando duplicidad de competencias, burocratización y conflictos
institucionales que afectan la eficiencia estatal.
Revisión
Crítica de Eventos de Discordia Entre la Función Constitucional y Legislativa,
y la Función Ejecutiva en Ecuador en los Últimos 2 Años
La
función ejecutiva en el Ecuador, liderado por el presidente de la República,
concentra la responsabilidad de encaminar la política general del Estado,
administrar el presupuesto y establecer la implementación de leyes y programas
de desarrollo (Böckenförde, 2022, p. 166). Constitucionalmente,
esta función está limitada, ya que sus actos son fiscalizables por la Asamblea
Nacional y por la función judicial mediante control constitucional,
garantizando un equilibrio de poderes y previniendo la concentración de
autoridad.
En el período del 2022 hasta el 2024, el ejecutivo
ecuatoriano ha fomentado medidas económicas apremiantes mediante decretos
ejecutivos, resaltando el Decreto 741 de mayo de 2023. Este decreto 741,
enfocado a ejecutar políticas de austeridad y reorganización administrativa,
fue supervisado por el Consejo de Control Constitucional y vituperado por la
Asamblea, que estimo que algunas disposiciones sobrepasaban las competencias
del ejecutivo (Guerra,
Guadalupe, & Hermosa, 2024, pp. 1-16). Lo que prueba la tensión constante entre ambas funciones del
Ecuador.
La disputa sobre este decreto revela un patrón
repetitivo: el ejecutivo hace uso de sus competencias de manera enérgica y
necesaria, mientras que la Asamblea analiza estrictamente los límites legales y
constitucionales del país. Esta dinámica causa conflictos que aplazan la toma
de decisiones y perjudican la ejecución de políticas públicas. Como señala Böckenförde (2022):
La eficacia del Poder Ejecutivo no depende solo de su respeto a la
Constitución del país, sino que necesita de la ayuda institucional del poder
legislativo. Una rigidez extremista del legislativo puede ser un obstáculo para
tener respuestas necesarias y rápidas, mientras que el ejecutivo sin ningún
control puede actuar con abusos de poder. Es importante el equilibrio entre
legalidad, el control democrático y la flexibilidad política, donde los dos
poderes actúen con responsabilidad y en función del interés público. (pp.
161-171)
Además, el ejecutivo ha sido criticado por su poder
en la asignación de autoridades de control, incluyendo el Contralor General. La
discusión sobre estos nombramientos deja ver la dificultad de mantener la
autonomía institucional, particularmente en un contexto de polarización
política, donde la interpretación de la Constitución se ve afectada por
intereses partidistas. (Zambrano,
2024, pp. 78-90)
La Asamblea Nacional del Ecuador tiene competencias
establecidas para fiscalizar, legislar y controlar el manejo del ejecutivo, con
la finalidad de garantizar la constitucionalidad de los actos de gobierno (Miguez, 2023, p.24). Entre sus facultades destacan la
revisión de decretos ejecutivos, la aprobación del presupuesto general del
estado y la fiscalización de los nombramientos. En los últimos dos años, la
Asamblea Nacional ha ejercido activamente sus funciones, pese a la disparidad y
revancha presente en la Asamblea, generando conflictos con el Ejecutivo.
Asimismo, en la revisión del Decreto Ejecutivo 741
exponer la tensión entre control constitucional y rapidez administrativa de la Asamblea
Nacional debatió que ciertos artículos irrumpían competencias legislativas e
infringían la autonomía presupuestaria (Guerra, Guadalupe, & Hermosa, 2024,
pp.1-16). Estos conflictos
no solo retardan la ejecución de políticas públicas, sino que también crean
incertidumbre en actores sociales y económicos, evidenciando que la disputa
institucional tiene efectos inmediatos sobre la gobernabilidad.
El principio de la separación de poderes, consagrado
en la Constitución del Ecuador, instituye que cada función del Estado debe
actuar con independencia y organizarse con las demás, impidiendo la
concentración de poder (Miguez, 2023, p. 18). La
Función Judicial, con su autonomía garantizada por el Consejo Nacional de la
Judicatura y la despolitización del Ministerio Publico, es un ejecutante clave
para solucionar disputas entre Ejecutivo y Legislativo (Moreano, 2024, p. 52).
La Constitución instituye que los jueces gozan de
independencia interna y que su independencia externa está cubierta mediante
concursos de méritos para la selección de magistrados (Moreano, 2024, p. 99).
Sin embargo, en la práctica, la presión política y la lentitud judicial, e
incluso, la ya demostrada corrupción institucional y judicial, han limitado la
efectividad del control constitucional, prolongando los conflictos entre
funciones del Estado. Por ejemplo, el comunicado judicial sobre el Decreto 741
demoró meses, tiempo en el transcurso que se mantuvo la incertidumbre sobre la
ejecución de medidas económicas.
Moreano (2024) señala que:
La autonomía judicial no solo protege los derechos de los ciudadanos,
también, actúa como mecanismo corrector de las tensiones entre funciones del
Estado, desviando la concentración de poder y respaldando la legalidad. Esto
evidencia que, aunque la Constitución facilita mecanismos para equiparar las
funciones, su eficiencia depende de factores contextuales como la presión política
y la capacidad de la justicia para actuar acertadamente (p.5).
El análisis de Moreano destaca un punto clave sobre
la autonomía judicial como un pilar fundamental no solo en la protección de los
derechos de los ciudadanos, sino también en la regulación de las tensiones
entre los diferentes poderes del Estado. Según su perspectiva, la independencia
del poder judicial es crucial para evitar la concentración de poder y
garantizar que el sistema de pesos y contrapesos funciones adecuadamente, lo
cual es esencial para respaldar la legalidad y el Estado de derecho.
Este argumento refuerza la idea de que, aunque la
Constitución establece principios fundamentales que buscan garantizar un
balance de poderes y una autonomía funcional, la eficiencia de estos mecanismos
no solo depende de su marco normativo, sino también de factores contextuales,
como la presión política y la capacidad del poder judicial para actuar de
manera independiente y acertada. La presión externa o interna puede influir en
las decisiones judiciales, lo que podría poner en riesgo la efectividad de los
mecanismos de control y el respeto a la legalidad.
En este sentido, la eficiencia de la autonomía
judicial no puede ser considerada una variable aislada; está vinculada a la capacidad
de los actores políticos para respetar los limites
establecidos por la Constitución, así como a la fortaleza y legitimidad de la
justicia para operar sin interferencias. Esto muestra que, aunque las normas
constitucionales favorezcan un sistema equilibrado, su efectividad está
condicionada por el contexto político y las circunstancias que pueden limitar
la autonomía y capacidad de respuesta de las instituciones judiciales.
La Constitución por sí sola, no puede garantizar un
equilibrio de poder duradero o efectivo si no existen condiciones favorables
para que la justicia pueda actuar con plena autonomía y sin presiones externas
que pongan en peligro su imparcialidad y legitimidad. Es esencial que los
actores políticos y sociales respeten los mecanismos judiciales para preservar
un sistema democrático realmente funcional.
La elección de autoridades de control, incorporando
el Contralor General, ha producido fuertes enfrentamientos. Mientras la
Constitución establece que estos procedimientos deben ser transparentes y
mediante concurso de méritos, la captación de intervención ejecutiva ha
generado debates políticos, demorando la supervisión administrativa y
debilitando la confianza pública (Zambrano, 2024, pp.78-90).
El veto presidencial ha sido usado en diversas leyes
aprobadas por la Asamblea Nacional, promoviendo negociaciones extensas. Esta
práctica, aunque legal, muestra como las tensiones políticas pueden entorpecer
la implementación de políticas públicas y atrasar decisiones estratégicas,
dañando la estabilidad institucional y la confianza ciudadana.
Para disminuir la frecuencia y el impacto de la
disputa entre Ejecutivo y Legislativo, se pueden considerar algunas
estrategias:
Fortalecimiento del poder constitucional y judicial:
mejorar la capacidad de respuesta de la Función Judicial y del Consejo de la
Judicatura para emitir pronunciamientos oportunos y disminuir el retraso en la
resolución de conflictos (Moreano, 2024, p. 16). Considero que este
fortalecimiento es indispensable, ya que la mora judicial erosiona la confianza
ciudadana en el sistema. Un poder judicial ágil no solo garantiza justicia
pronta, sino que también contribuye a la estabilidad institucional. Sin
embargo, el reto está en equilibrar rapidez con calidad en las resoluciones,
evitando decisiones apresuradas que puedan ser injustas.
Clarificación de competencias: revisar la
Constitución y leyes secundarias para precisar las funciones de cada poder,
particularmente en materia económica y administrativa (Miguez,
2023, p. 69). La falta de claridad en las competencias genera conflictos
interinstitucionales y duplicidad de funciones. Una revisión normativa
permitiría delimitar responsabilidades y evitar choques de poder. En mi
criterio, esta medida es clave para fortalecer la gobernabilidad, aunque debe
realizarse con amplio consenso político y social para evitar percepciones de
concentración de poder.
Transparencia y participación ciudadana: Fomentar
mecanismos de fiscalización ciudadana y participación en resoluciones
presupuestarias y designaciones de autoridades autónomos para crecer la
legitimidad y decrecer percepciones de injusticia (Zambrano, 2024, pp. 78-90). La transparencia y la
participación son pilares de la democracia moderna. La ciudadanía debe tener
voz en decisiones presupuestarias y en la designación de autoridades, pues ello
reduce la opacidad y la corrupción. No obstante, la participación debe ser
organizada regulada para evitar que se convierta en un obstáculo burocrático o
en un espacio de manipulación política.
Mecanismos de negociación institucional: Crear
ambientes de dialogo entre Ejecutivo y Legislativo para resolver las
discrepancias y evitar conflictos abiertos, por tema de presupuesto y decretos
de apremio. El dialogo interinstitucional es la vía más efectiva para prevenir
crisis políticas. La confrontación constante entre poderes desgasta la
institucionalidad y afecta la economía. En mi opinión, establecer mesas de
negociación permanente sería una estrategia saludable, aunque requiere voluntad
política y un marco normativo que incentive acuerdos en lugar de imposiciones.
Fortalecimiento de la autonomía de órganos de
control: La autonomía de los órganos de control es esencial para garantizar un
sistema democrático equilibrado. Cuando estas instituciones son cooptadas
políticamente, pierden credibilidad y eficacia. En mi criterio, los concursos
públicos transparentes son la mejor herramienta para blindar la independencia,
aunque deben acompañarse de mecanismos de rendición de cuentas para evitar
corporativismos.
Estas
recomendaciones, aplicadas de manera firme, podrían disminuir la polarización
institucional y mejorar la gobernabilidad, colaborando a la estabilidad
económica, política y de seguridad del país.
El recrudecimiento
de una fuerte contienda entre la Función Legislativa y la Función Ejecutiva en
el Ecuador y su Incidencia Determinante en la Inestabilidad Política, Económica
y de Seguridad que Padece el país en los últimos 2 años
El
diseño constitucional del Ecuador, adopta el modelo clásico de separación de
poderes, implantando competencias diferenciadas pero interdependientes entre la
Función Ejecutiva y la Función Legislativa. Esta conexión se sostiene en un
sistema de pesos y contrapesos cuyo propósito fundamental es eludir la
acumulación del poder y garantizar la estabilidad institucional. La Ley
Orgánica de la Función Legislativa (2021) delimita con exactitud las facultades
de la Asamblea Nacional, entre las que se distinguen la potestad legislativa. En
los dos últimos años, la gobernabilidad en Ecuador se ha deteriorado debido a
la constante confrontación entre la función Ejecutiva responsable de la
administración y política pública y otras funciones, caracterizada por un uso
intensivo de vetos y controles políticos. Está pugna debilita la separación de
poderes, convirtiendo las atribuciones constitucionales en herramientas de
interés coyuntural.
Rodríguez (2025)
asegura que:
La crisis política ecuatoriana del año
2023 evidencio una separación del equilibrio funcional, en la que el control
político dejo de ser un mecanismo institucional para cambiar en un instrumento
de enfrentamiento. El juicio político al presidente de la república y la
posterior disolución de la Asamblea Nacional mediante la figura constitucional
conocida como muerte cruzada marcaron un antes y un después en la relación
entre el ejecutivo y el legislativo (pp. 8-10).
Este suceso demostró
que, si bien los mecanismos están constitucionalmente planeados, su uso en
entornos de alta polarización puede profundizar la crisis institucional en
lugar de resolverla. La separación de los poderes, en este escenario, se cambia
a un campo de disputa política constante.
Uno de los
acontecimientos más representativos del recrudecimiento de la contienda entre
las funciones del Estado fue el juicio político iniciado contra el presidente
de la Republica en el año 2023. Según Rodríguez (2025), “esta transformación
estuvo destacado por una fuerte carga política y por enfoques contrarios sobre
la causal de responsabilidad política, lo que debilito su legitimidad ante la
opinión pública.” (pp. 20-29, 75-84).
La disolución de la
Asamblea Nacional en Ecuador, aunque constitucional, intensificó la crisis
institucional, limitando el control Legislativo y evidenciando el amplio poder
del ejecutivo. Este acto generó incertidumbre económica y política, afectando
la confianza del mercado, paralizando la actividad legislativa y debilitando la
estabilidad democrática.
Un complemento
adicional que ha incrementado la contienda institucional es el llamado del
derecho a la resistencia. Muñoz y Zabala (2025) enseñan que “este derecho,
aunque reconocido constitucionalmente, expone una ambigüedad conceptual que
puede afectar el equilibrio democrático cuando es usado como herramienta de
presión política” (pp. 23,27).
En el Ecuador
reciente, el uso del derecho de resistencia por sectores sociales y políticos
frente a decisiones del Ejecutivo, cuestionado por el gobierno, ha generado
tensiones. La falta de delimitación clara de este derecho provoca inestabilidad
y su utilización política intensifica la polarización y dificulta consensos,
agravando la crisis de gobernabilidad.
La confrontación
entre funciones del Estado no solo ha tenido efectos políticos y económicos,
sino también consecuencias directas en el ámbito de la seguridad. Sánchez (2023)
“demuestra que la crisis del sistema carcelario ecuatoriano está estrechamente
vinculada a la falta de coordinación entre los poderes del Estado y a la
debilidad de las políticas públicas en materia penitenciaria” (pp. 9-15,38-60).
La falta de consensos
entre Legislativo y Ejecutivo ha frenado reformas para enfrentar la crisis
carcelaria, generando vacíos normativos que fortalecen estructuras criminales y
aumentan la violencia. Esta pugna institucional agrava la inestabilidad
política y económica, debilita la planificación del país y se refleja en la
falta de acuerdos fiscales, la escasa continuidad legislativa y el uso
recurrente de decretos.
Rodríguez (2025)
señala:
Las disoluciones la Asamblea
interrumpió procesos legislativos clave, debilitando la institucionalidad
democrática y afectando la confianza de los actores económicos. La economía,
altamente sensible a la estabilidad política, se ve directamente impactada
cuando el sistema de pesos y contrapesos entra en crisis (pp. 19-20,
28-29).
La economía,
especialmente en contextos como el de un país en desarrollo o con una
democracia frágil, es sumamente sensible a los cambios en la estabilidad política.
La crisis en el sistema de pesos y contrapesos, según Rodríguez Sacoto, puede generar incertidumbre, lo que a su vez afecta
las decisiones de inversión y las expectativas del mercado. Esta incertidumbre
es un factor crucial, ya que, a los actores económicos, tanto locales como
internacionales, suelen operar dentro de marcos predecibles y estables. Cuando
la política se vuelve impredecible, los inversores tienden a retrasar o
reconsiderar sus decisiones, lo que puede derivar en una desaceleración
económica.
En este sentido, la
disolución de la Asamblea Nacional no solo tiene repercusiones a corto plazo,
sino que puede provocar un daño estructural al deteriorar la confianza en las
instituciones es un pilar fundamental para la estabilidad económica y cuando
esta se ve afectada, los efectos negativos se extienden más allá del ámbito
político y se trasladan al económico.
La Ley Orgánica de la
Función Legislativa (2021) establece procedimientos claros para el ejercicio
del control político y la producción normativa. Sin embargo, su aplicación en
contextos de alta polarización ha demostrado limitaciones prácticas.
El artículo 9, al
establecer las competencias y funciones de la Asamblea Nacional, debe ser un
pilar fundamental para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas del
poder ejecutivo. Sin embargo, cuando el entorno político está altamente
polarizado, la oposición tiende a cuestionar sistemáticamente cualquier
iniciativa del gobierno, sin necesariamente considerar su fondo o el beneficio
general. Esto convierte al control político en una herramienta más de
confrontación que de colaboración.
Por otro lado, el articulo
74 hace referencia a los procedimientos legislativos y la capacidad de la
Asamblea para producir leyes de manera eficiente. Aunque los procedimientos
están claramente establecidos, la polarización o puede hacer que el proceso
legislativo se vuelva mas lento o incluso
inefectivo., ya que los bloques parlamentarios tienden a centrarse más en sus
diferencias ideológicas que en el consenso necesario para aprobar leyes que
favorezcan el bienestar de la sociedad en su conjunto. En estos escenarios, los
intereses partidistas a menudo prevalecen sobre los intereses nacionales,
generando estancamiento legislativo.
A pesar de estas
limitaciones, es importante reconocer que la Ley también establece mecanismos
para la supervisión y el equilibrio de poderes, lo que en un escenario de mayor
colaboración política podría ser un instrumento poderoso para la estabilidad
institucional. Sin embargo, la clave reside en la voluntad política de las
partes para superar las barreras ideológicas y trabajar de manera constructiva
en beneficio de la ciudadanía.
Por lo tanto, si bien
la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece principios claros, su
efectividad está condicionada por el contexto político y la disposición de los
actores involucrados a actuar más allá de sus intereses partidistas y a enfocarse
en el bienestar común. En un entorno altamente polarizado, las tensiones
políticas pueden limitar su aplicación adecuada, pero una cultura política
madura y colaborativa podría mitigar estos desafíos.
El uso reiterado del
juicio político sin consensos amplios ha debilitado su legitimidad, lo que
evidencia la necesidad de revisar tanto la norma como la cultura política que
guía su aplicación.
Desde una óptica
analítica-sintética, se evidencia la disputa entre la Función Constitucional y
Legislativa y la Función Ejecutiva dificulta el progreso del país. Aunque el
enfrentamiento institucional es inherente a los sistemas democráticos, su
crecimiento sin mecanismos eficaces de dialogo genera estancamiento,
inseguridad jurídica y desconfianza ciudadana. La experiencia reciente del
Ecuador confirma que la falta de colaboración entre poderes no refuerza la
democracia, sino que la debilita, afectando directamente la estabilidad
política, económica y de seguridad.
CONCLUSIONES
En primer lugar,
respecto al análisis de las funciones Ejecutiva y Legislativa del Estado
ecuatoriano, se concluye que la Constitución de la Republica del Ecuador de
2008 establece un sistema de distribución funcional del poder orientado a
garantizar el equilibrio institucional y la vigencia del Estado constitucional
de derechos de justicia. La Función Ejecutiva tiene como responsabilidad
principal la dirección de la política pública, la administración del Estado y
la ejecución de las leyes, mientras que la Función Legislativa ejerce las atribuciones
de legislación, fiscalización y control político. No obstante, en la práctica política
ecuatoriana estas funciones enfrentan limitaciones derivadas de la
fragmentación partidista, la ausencia de mayorías parlamentarias estables y la
dificultad para consolidar acuerdos institucionales, factores que han generado
tensiones recurrentes entre ambos poderes y han debilitado la capacidad del
Estado para adoptar decisiones coordinadas.
En segundo lugar, el
estudio de la teoría de la separación de poderes permite afinar que este
principio continúa siendo un elemento esencial del constitucionalismo democrático,
ya que busca evitar la concentración del poder y garantizar la libertad política
mediante un sistema de frenos y contrapesos entre las distintas funciones del
Estado. En el caso ecuatoriano, aunque la Constitución reconoce formalmente la
división funcional del poder e incluso amplia el modelo tradicional al
incorporar cinco funciones estatales, su aplicación efectiva se ve condicionada
por la dinámica política y por la debilidad del sistema de partidos. En
consecuencia, la vigencia real del principio de separación de poderes depende
no solo del diseño normativo, sino también de la voluntad política de los
actores institucionales para ejercer sus competencias dentro de los límites
constitucionales y con respecto al equilibrio democrático.
En tercer lugar, la
revisión de los eventos de discordia entre la Función Ejecutiva y la Función
Legislativa ocurridos en los últimos dos años evidencia que los conflictos
institucionales han surgido principalmente en torno al control político, la
emisión de decretos ejecutivos, la aprobación del presupuesto general del
Estado, la designación de autoridades de control y el uso de mecanismos constitucionales
como el veto presidencial o la disolución de la Asamblea Nacional. Estos
acontecimientos reflejan que, en contextos de polarización política, las
atribuciones constitucionales pueden convertirse en instrumentos de confrontación
institucional, lo que provoca retrasos en la adopción de políticas públicas,
genera incertidumbre jurídica y debilita la coordinación entre los órganos del poder
público.
Finalmente, y en
relación con el objetivo general de la investigación, se concluye que el
recrudecimiento de la contienda entre la Función Constitucional y Legislativa y
la Función Ejecutiva en el Ecuador durante los últimos dos años ha sido un
factor determinante en el incremento de la inestabilidad política, económica y
de seguridad que enfrenta el país. La confrontación constante entre poderes, la
faltade consensos institucionales y el uso estratégico de mecanismos
constitucionales han debilitado la gobernabilidad democrática, han afectado la
confianza de los actores económicos y han limitado la capacidad del Estado para
responder de manera eficaz a los problemas estructurales del país. En este
contexto, el fortalecimiento del dialogo político, el respeto efectivo al principio
de separación de poderes y la consolidación de instituciones democráticas
estables se presentan como condiciones indispensables para recuperar la
estabilidad institucional y garantizar un desarrollo político, económico y
social sostenible en el Ecuador.
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Conflicto de intereses
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses en relación con el
artículo presentado.
Como citar este artículo:
Cedeño-Arguello, I. K., Figueroa-Gonzáles, L., Girón-Silva, A. &
López-Soria, Y. (2026). La Contienda Constitucional, Legislativa y Ejecutiva,
presente en Ecuador: ¿Permite el Progreso o lo
Obstaculiza? Revista Ciencias Holguín, 32(2).112-132