Garantías del debido proceso administrativo a partir de la Sentencia 2032-20 de la Corte Constitucional ecuatoriana

Resumen

El presente artículo científico examina de manera exhaustiva la configuración material y formal del derecho al debido proceso dentro de los regímenes administrativos sancionadores aplicados en los centros de educación superior de la provincia de Santa Elena. El eje analítico del estudio gira en torno a los estándares jurisprudenciales obligatorios establecidos por la Corte Constitucional del Ecuador en la Sentencia No. 2032-20-EP, la cual redefinió los contornos de la seguridad jurídica y las garantías mínimas de contradicción y defensa en sedes corporativas y educativas. Mediante un enfoque cualitativo con diseño dogmático-hermenéutico, se analizó la adecuación de los reglamentos internos de disciplina docente y estudiantil frente a los mandatos superiores de la Carta Magna de 2008. Los resultados demuestran la persistencia de prácticas punitivas viciadas por la delegación de competencias normativas prohibidas, la falta de distinción orgánica entre el órgano instructor y la autoridad decisora, y una comprensión deficiente de la presunción de inocencia. Se concluye que el modelo pedagógico universitario contemporáneo debe abandonar los vestigios de autoritarismo estatutario para consolidar un procedimiento verdaderamente adversarial y ajustado al bloque de constitucionalidad